Días antes que se produjera la detención de Boris Blanco Arcia, hoy confeso como autor material del homicidio del colega Jorge Aguirre, ya había sido sugerida la tesis del asesinato por encargo, la cual ha venido siendo reforzada por quienes ocupan la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo y también en trabajos periodísticos.

El primero en señalar “algunas extrañas e inciertas circunstancias” en el suceso donde perdió la vida Aguirre y la falta de claridad respecto del móvil fue el periodista Eleazar Díaz Rangel, en su columna del domingo 9 de abril, en la cual formuló las siguientes preguntas: “¿Buscaban reprimir al periodismo? ¿Impedir que tomara fotos de una manifestación?¿Asuntos profesionales o personales? ¿Estimular reacciones de calle, pacíficas o violentas, contra el Gobierno en momentos de tensiones en toda Caracas?. Las investigaciones nos permitirán despejar esas y otras interrogantes, como ¿quiénes pueden tener interés en esas agresiones a los periodistas? ¿O fue un caso de represalia personal?”.

Basado en la versión del conductor, Díaz Rangel descarta la posibilidad “de un hecho fortuito, ni producto de un altercado, ni la acción de un gatillo alegre, nada circunstancial”, pues el motorizado “los siguió unos 300 metros desde la plaza del Rectorado de la UCV. Fue algo premeditado, pensado, organizado”.

“No puede descartarse que el asesino sea un efectivo policial, un sicario, un ex funcionario; en cualquier caso, debió ser experto tirador, pero lo más importante es averiguar el móvil: ¿por qué lo hizo?, ¿qué buscaba?, ¿al servicio de quién estaba el asesino?, ¿de dónde la moto y el arma? Y la pregunta más importante, la que se hacen los criminalistas: ¿a quién beneficia el crimen? o ¿a quién debía beneficiar?. Deducirán ustedes las razones que hacen tan compleja, como importante, la investigación que tiene ahora en sus manos el Ministerio Público”.

De las tres opciones que consideró el articulista sobre quién pudiera ser el asesino acertó en dos, pues al final han quedado detenidos un efectivo policial y un ex funcionario, éste último el autor material, quien de haber actuado por encargo sería, efectivamente, un sicario. De tres, tres para EDR.

Sin desconocer la pertinencia de las preguntas formuladas por el profesor Díaz Rangel, incluida “la más importante”, valdría la pena acotar que así como preguntarse ¿a quién beneficia el crimen? no basta para llegar hasta los supuestos promotores del homicidio, tampoco serviría para exculpar al sector de la sociedad al cual el hecho perjudica. Elementalmente. Lo que si está implícito en su hipótesis es, evidentemente, el móvil político en el asesinato de Aguirre.

Para el sábado 8 de abril, mientras se le daba cristiana sepultura a nuestro compañero, el Fiscal Rodríguez anunciaba que tenían las huellas del homicida y no descartaba que la motocicleta perteneciera a un cuerpo policial, como en efecto resultó, lo cual indica que las investigaciones estaban bastante bien encaminadas. Y el lunes, entrevistado en VTV, ya orientó la posibilidad de una autoría intelectual.

Ese mismo día, el ministro Lara no se anduvo por las ramas: “El asesinato de Jorge, cobarde y miserable, representa la tarascada criminal de los focos de las fuerzas antidemocráticas que se agazapan en los sectores nostálgicos del 11 de abril, minúsculos pero abundantes en dólares y macabras intenciones animadas desde allende las fronteras. Los mismos grupúsculos que, apertrechados en lujosas oficinas desatan el vendaval de infamias, injurias, vilipendios, difamación e intrigas contra quienes enfrentan el despropósito de usar la muerte de este eminente venezolano como recurso propagandístico para que la mentira repetida hasta la fatiga neuronal, sea aceptada como verdad. Goebbels aún tiene discípulos”.

Germán Mundaraín, desde la Defensoría del Pueblo, mantuvo el goteo en esta línea, al afirmar que “el crimen contra el reportero gráfico Jorge Aguirre pudiera ser la punta de una mecha que pretendía causar un incendio”.

En algunos trabajos periodísticos también se apuntala la tesis del asesinato premeditado: “Tras las investigaciones se afianza más la tesis de que hubo un autor intelectual en el homicidio del reportero gráfico para causar conmoción nacional, luego que la opinión pública estuviera indignada por el hallazgo de los cadáveres de los hermanos Faddoul ese mismo día”. (El Mundo, 18 de abril de 2006).

A decir verdad, tratando de abonar en ese sentido, se llega a algunas conclusiones un tanto forzadas: “La última gráfica que tomó Aguirre fue ampliada y se observó que la moto sí portaba la placa, pero estaba tapada con un plástico amarillo, lo que indica que pudo haber premeditación y planificación por parte de un autor intelectual”. ¿Si Blanco salió a la calle con intenciones de cometer un delito, necesitaba de la asesoría de un autor intelectual para que se le ocurriera ocultar las placas?.

Se señala en el mismo trabajo que un dirigente de oposición había pregonado a los cuatro vientos que el homicida era uno de los hombres de Lina Ron. Esa versión también la oímos nosotros en el velorio de Aguirre. El trabajo agrega que el supuesto homicida había vociferado su crimen “frente a una masa de personas”. Y se agrega: “para los investigadores, si una persona mata a otra no lo grita a los cuatro vientos”. Y se concluye: “La autoría intelectual que indicó el Fiscal Rodríguez agarra más fuerza”.

En el trasfondo de esas hipótesis lo que subyace es esa profunda ruptura de la sociedad venezolana en dos sectores que piensan respecto del otro que es capaz de las mayores infamias, de las más grandes perversiones, de los actos más inescrupulosos que se puedan imaginar, incluido matar a un inocente bien porque sienten un enorme desprecio por la vida de quienes el discurso presidencial ha convertido en blancos o para quienes, en medio de su frustración y desesperación política, buscan “encender la mecha” que genere una conmoción nacional.

Si el homicidio de Aguirre fue premeditado y no producto de la reacción de un sujeto arbitrario y sanguinario, con un perfil delincuencial bien definido, es algo que las autoridades pudieran demostrar tempranamente, ahora que el indiciado y el efectivo policial que le facilitó la moto están en sus manos. Pero ahora, no dentro de dos o tres años. El Fiscal pidió un mes de plazo. Blanco, quien había sido “autoridad” y pretendía seguir fungiendo como ella, ¿disparó porque se sintió “irrespetado” o desconocido en sus pretensiones o fue el brazo ejecutor de un plan urdido por mentes macabras?. ¿Es cierto que antes de retirarse del lugar, vociferö: “¡eso es para que respeten!...?, como oímos decir la tarde del hecho en las afueras del Hospital Clínico. ¿Está definitivamente descartado el incidente vial como causa de un altercado?. Esperamos que los detectives del CICPC diluciden plenamente estas interrogantes.

Lo que sí ha quedado perfectamente claro con los homicidios del empresario Sindoni, los Faddoul y su chofer y el periodista Jorge Aguirre es que los cuerpos policiales y otros organismos de seguridad están absolutamente corrompidos y envilecidos y sin un ápice de confianza por parte de la ciudadanía. Una vieja realidad venezolana que parece haber llegado a extremos inimaginables.

Gregorio Salazar

23-04-06