El artículo 274 de la Constitución Nacional no puede ser más explícito al referirse a las atribuciones de los órganos que componen el Poder Ciudadano, a saber Defensoría del Pueblo, Contraloría General y la Fiscalía General de la República: “prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa; velar por la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio público, el cumplimiento y la aplicación del principio de la legalidad en todas la actividades administrativa del Estado; e, igualmente, promover la educación como proceso creador de la ciudadanía, así como la solidaridad, la libertad, la democracia, la responsabilidad social y el trabajo”.

En el caso concreto de la Fiscalía General de la República le corresponde, entre otras atribuciones, garantizar la buena marcha de la administración de justicia y el respeto a los derechos y garantías constitucionales. En esta labor, inevitablemente, el Fiscal General debe tomar en cuenta y orientarse por el eco que le llega de la sociedad especialmente a través de los medios de comunicación. Hay un clamor ciudadano que, en toda sociedad libre, aflora a través del flujo informativo que los propios medios no solamente reciben sino que estimulan, porque ese es su deber y su responsabilidad.

El Fiscal General Isaías Rodríguez, a quien antes de llegar a dirigir el Ministerio Público se le conoció como un intelectual y por tanto un humanista, sabe bien que medios y periodistas no pueden eludir su misión de alertar a la sociedad sobre las desviaciones u omisiones del poder. Y conoce, sobradamente como cualquier ciudadano, que el derecho a opinar es inalienable y que son varios los artículos de la Constitución Nacional y los convenios internacionales que lo garantizan.

Por eso no podía causar menos que perplejidad (además del escándalo y las protestas, por supuesto), en el ámbito nacional e internacional, que el doctor Rodríguez anunciara un enjuiciamiento contra el diario El Universal por el presunto delito de ultraje institucional, a raíz del editorial “Justicia Arrodillada”, en el cual este medio impreso, además de emitir sus propias opiniones, recoge las de una organización no gubernamental prestigiosa y respetada, dentro y fuera de Venezuela, como lo es COFAVIC, sobre el actual estado de la administración de justicia en Venezuela.

Después del temerario anuncio del Fiscal han venido presentándose situaciones curiosas, por decir lo menos. Una de ellas es que están brotando como la verdolaga los artículos de prensa infinitamente más duros, más categórico en sus condenatorias a la actualización de la Fiscalía y del Poder Judicial, incluso irreverentes y…el Fiscal no se ha dado por aludido. ¿Qué puede hacer? ¿Enjuiciar también a todo articulista u opinador que, libérrimamente, coincida con los juicios de El Universal?.

La otra es que tal como lo aclaró el abogado y profesor universitario Alberto Arteaga Sánchez, el Ministerio Público no puede ser objeto de vilipendio, pues no figura entre las instituciones a las cuales hace alusión el artículo 149 del Código Penal. Pequeño detalle.

La decisión del Fiscal de enjuiciar a El Universal ha terminado por involucrar a otro órgano del Estado venezolano, el Tribunal Supremo de Justicia, pues el representante del Ministerio Público ha requerido que sea el máximo tribunal el que diga si él está en lo cierto y, por lo tanto, el juicio procede. Si así afuera, peor que peor.

En muchos aspectos el país ha perdido su capacidad de asombro y tal vez por eso la iniciativa del Fiscal pareciera no haber sido captada en toda la dimensión de lo que pueden ser sus funestas consecuencias. Que sea precisamente el Ministerio Público el que se erija en promotor de una medida que a todas luces resulta violatoria de la Libertad de Expresión empuja a la sociedad toda, pero en especial a medios y periodistas, hacia el umbral del “estado general de amedrentamiento” para parafrasear la infeliz frase de un personero del oficialismo pronunciada años atrás, cuando este sector pensó que podía perder el control de la Asamblea Nacional.

Y nos preguntamos, ¿Creerá el ciudadano Fiscal General que con esta iniciativa está contribuyendo a promover la educación como proceso creador de la ciudadanía, así como la solidaridad, la libertad, la democracia, la responsabilidad social,,”, como se lo pauta la Constitución Nacional?. ¿De verdad considera que esta es la mejor contribución que puede darnos a los venezolanos el doctor Rodríguez en busca de un verdadero Estado de Derecho?.

Son públicas las difíciles situaciones en las que se ha visto envuelto el Fiscal Rodríguez a lo largo de los últimos tortuosos años que ha vivido el país. Nada más el caso Anderson estremeció los cimientos de la institución que él dirige. Quizá es hora de que el Fiscal se pregunte si la hipersensibilidad que está manifestando hacia la crítica, la propia orfandad en que confesó encontrarse en el seno de la FGR, le puede permitir seguir ejerciendo un cargo que requiere de la máxima imparcialidad, ponderación, serenidad y equilibrio. Por el bien del país.

14-08-05