¡Basta de impunidad en las agresiones contra medios y periodistas!
SNTP REPUDIA AGRESION Y AMENAZAS
CONTRA PERIODISTA MARTA COLOMINA

En el contexto de acelerado desconocimiento de la ley y de la Constitución en el que se está desenvolviendo Venezuela y a lo cual se suma las  amenazas crecientes contra figuras políticas, medios de comunicación y periodistas, se ha producido una nueva agresión contra la profesora Marta Colomina, conductora de espacios informativos y de opinión de Union Radio y articulista del diario El Universal.

Contra su residencia fue arrojada, el pasado lunes 1 de diciembre, una bomba lacrimógena por varios sujetos que hicieron disparos al aire y soltaron volantes en los que se  declara a la comunicadora “objetivo de guerra”. Posteriormente se recibieron llamadas telefónicas con amenazas de represalias contra su familia. La periodista no se encontraba en su residencia. Hace años su vehículo fue emboscado y amenazaron con incendiarlo. Colomina tiene medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Los autores de estos actos impropios de una sociedad civilizada se autoidentificaron como pertenecientes al llamado colectivo La Piedrita, de proclamada filiación oficialista y quienes han protagonizado otros deplorables episodios contra el canal de noticias Globovisión, reporteros de distintos medios, el  periodista Leopoldo Castillo y el editor Rafael Poleo.

Además de condenar y repudiar esta cobarde acción contra una mujer y  periodista venezolana y expresar nuestra solidaridad con la profesora Colomina, desde el SNTP nos hacemos la pregunta que se formulan un sinnúmero de  venezolanos: ¿Cuál es la patente de corso o prerrogativa que tienen los integrantes del mencionado grupo de irregulares para delinquir, poner en riesgo vida y bienes de ciudadanos indefensos y asumir públicamente sus delitos sin que haya poder ni institución nacional que haga prevalecer  el Estado de Derecho?. ¿Qué condición especial los coloca por encima de la ley y de los derechos humanos de las personas?. ¿Tiene claro el gobierno nacional que mientras tales hechos se mantengan impunes se estimulan acciones de impredecibles consecuencias contra cualquier ciudadano? ¿Por qué se acepta impasiblemente que hombres y mujeres, y además profesionales activos de la comunicación, sean declarados “objetivos de guerra”, cuando evidentemente ese pronunciamiento no tiene otra lectura que una sentencia contra sus vidas?.

Son preguntas que dejamos abiertas al ciudadano ministro de Interior y Justicia, así como a la Fiscalía General y a los cuerpos policiales del país. Respetuosa pero firmemente exigimos una explicación, que es la misma que  está demandando la opinión pública nacional y la comunidad internacional.

                                      LA JUNTA DIRECTIVA

 Caracas, 3 de diciembre de 2008.

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