Caracas.- Fedecámaras expresó hoy que se solidariza con Radio Caracas Televisión (RCTV) a raíz de la decisión que ha anunciado el Gobierno Nacional de no renovarle la concesión para operar en el espacio radioeléctrico y manifestó que solicitará al Estado reconsiderar la medida en defensa de los derechos y principios de la libertad.
José Luis Betancourt, presidente de la cúpula empresarial, indicó en la rueda de prensa conjunta que ofreció con el presidente de las empresas 1BC, Márcel Granier, tras un encuentro que sostuvieron hoy, que la discusión planteada en torno a la licencia de RCTV tiene "sensibilidad" para el empresariado venezolano y afecta a todos los que conforman el sector productivo del país.
Betancourt destacó el valor del derecho a la libertad de expresión y afirmó que son parte de ello "y lo hacemos a través de los medios de comunicación social".
"Nosotros somos una institución que defendemos los principios y valores de la empresa privada, de los derechos consagrados en la Constitución Nacional y los derechos humanos fundamentales de que cada ciudadano o cada institución pueda ejercer esa libertad, y creemos que esos derechos y principios deben ser debidamente respetados".
El presidente de Fedecámaras anunció que el próximo lunes se efectuará un directorio de esa institución el que abordarán el caso de RCTV con el fin de buscar caminos para solventar las diferencias.
A juicio de Betancourt es necesario que el Gobierno revise el tratamiento que ha venido dando en lo público y notorio a la diatriba con el popular canal de televisión.
Destacó que es importante la defensa del derecho al trabajo, a la inversión, y todo lo que está consagrado en las leyes venezolanas.
Igualmente, hizo énfasis en que las actuaciones sobre RCTV deben apegarse al debido proceso y se debe considerar el derecho a la legitima defensa y a acudir a cualquier organismo que sea necesario.
Violación de derechos
El presidente de las empresas 1BC, Marcel Granier, sostuvo que el Gobierno Nacional ha violentado una serie de derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República y en el Pacto de San José, suscrito por Venezuela.
Según Granier, el Estado viola el derecho de las personas a buscar y recibir información y entretenimiento donde le parezca más conveniente, el derecho a escoger las fuentes de la información, el derecho de los periodistas a ejercer su profesión sin amenazas ni persecución y el derecho de los medios de comunicación de expresarse libremente.
Paralelamente, subrayó que la Carta Magna garantiza el pluralismo como norma fundamental de la sociedad venezolana.
Ante estos delitos, que según aseveró ha cometido el Gobierno, la directiva de RCTV acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a presentar la denuncia correspondiente.
Explicó que la Comisión encontró que a los trabajadores de RCTV "se les están violando derechos humanos fundamentales" y que "le dio un plazo al Gobierno para que cumpliera con sus obligaciones y cesara en esas conductas violatorias de Derechos Humanos".
Ante esa situación, el Gobierno reaccionó y la primera manifestación fue el discurso del presidente Hugo Chávez en el patio de Honor de la Academia Militar durante la salutación de fin de año, cuando anunció su disposición de no renovar la concesión a la televisora, según afirmó Granier, quien además apuntó que se encuentran estudiando las posibles acciones que puedan ejercer y en cuáles instancias, tanto en el ámbito nacional como internacional. Acotó que los delitos por los que denunciaron al Gobierno no prescriben y generan responsabilidad civil, penal y administrativa en quienes los han cometido.
(21-01-2007)