LA ESCUELA DE COMUNICACIÓN SOCIAL - UCAB -

A LA OPINION PUBLICA

El Consejo de Escuela de Comunicación Social de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Católica Andrés Bello, en reunión extraordinaria, una vez más deja constancia de su rechazo ante las continuas violaciones de los derechos sobre libre expresión, información, libre empresa y trabajo por parte de la actual gestión gubernamental. Nos preocupan en particular los riesgos que estas violaciones implican para la democracia y la vida republicana cada vez que se obstaculiza o impide la labor de un medio de comunicación.

Impedir la transmisión de su señal a cuatro emisoras de televisión por suscripción, más que un problema para sus accionistas constituye una amenaza más a la libertad de expresión y de información en Venezuela, así como al ejercicio profesional de los comunicadores sociales.

Este hecho se suma a las medidas ejecutadas a la mas 34 estaciones en menos de 6 meses, y a las sistemáticas y recurrentes amenazas de revocatorias de concesiones a mas de 230 emisoras de radio y televisión, lo que evidencia una clara política gubernamental de restricción de la libertad de informar y de expresar libremente el pensamiento, así como una violación del derecho de todos los ciudadanos a acceder a la información y al entretenimiento de su preferencia en el momento en que lo decidan, derechos estos consagrados en los artículos 57 y 58 de la Constitución Nacional.

El Ejecutivo, con una creciente tendencia autoritaria, se empeña en imponer un único punto de vista a la sociedad venezolana al amenazar y obstaculizar el libre ejercicio de los profesionales de los medios de comunicación mediante la aplicación de un marco legal discriminatorio, escasamente consultado y ajeno a los principios consagrados en nuestra Carta Magna, ratificados en tratados y convenios internacionales que también son leyes de la República.

Como hemos expresado de manera reiterada en comunicados públicos difundidos desde el año 2002, nos oponemos categóricamente a la inhabilitación de medios de comunicación, así como al trato irrespetuoso y a las amenazas dirigidas desde el Poder Ejecutivo a comunicadores sociales, periodistas y empresas editoriales.

Exhortamos a los poderes públicos a ejercer su autonomía para que se garantice a los ciudadanos su derecho al disenso, a la protesta pública, a estar informados y a expresarse libremente, tanto a través de los medios privados como de los estatales.

Finalmente manifestamos nuestro apoyo y solidaridad a todos los medios de comunicación y periodistas que a pesar de todas las amenazas, presiones y limitaciones al acceso a la información realizan su mejor esfuerzo para mantener a los venezolanos informados a través de un ejercicio plural y equilibrado del periodismo.

Caracas, 28 de enero de 2010.

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