Hace más de cuatro años que la fuente de Sucesos está cerrada, de tal manera que la orden de pasar todas las informaciones por el Ministerio de Comunicación no fue más que la ratificación de una medida que opera dentro de las policías desde hace tiempo.

Los ejemplos los ven los periodistas de la fuente cada día, cuando algún funcionario, por obra y gracia de una amistad bien cultivada, les dice entre dientes algún dato de los casos sonados, o acaba por advertirles que no sabe si es seguro hablar por su celular.

No es menos el temor que opera en ellos cuando existe el riesgo de que alguno de sus superiores los vean hablando con un periodista. Esta realidad ha desarrollado entre funcionarios y comunicadores una suerte de señas, gestos y actitudes –al estilo beisbolero– que sirven para manifestarse que más tarde se dan la información.

Los ejemplos abundan: en una oportunidad el director de Cicpc, Marcos Chávez, reunió a sus comisarios para “advertirles” que los quería lejos de la prensa y que sufrirían las consecuencias, con un destierro a zonas inhóspitas del interior del país, si contravenían esa medida.

Los escasos partes de prensa con cifras maquilladas de homicidios se despidieron de los correos de los periodistas de sucesos con la nueva orden del Ministro Pedro Carreño, situación que dejó en el limbo a los trabajadores de esas oficinas que, en muchos casos, ignoran qué va a ser de ellos hasta “nueva orden”.  

Estos hechos, aunados al cierre de las oficinas de prensa de algunas instituciones, parecen apuntar a la aspiración de convertir a los comunicadores en meros transcriptores de partes policiales acomodaticios, en los que se pinta a las policías como los nuevos héroes de la sociedad por “incautar 10 porciones de marihuana”.

El objetivo, sin duda es evitar que se hable de los homicidios no resueltos, de una crisis carcelaria que tiene a casi 18 mil reos en condiciones infrahumanas tomando agua sucia y compartiendo la masa de las arepas con las moscas que los rodean, además de evitar a toda costa que se diga que hasta los funcionarios públicos son víctimas del hampa común, y no de “atentados” concebidos en la mente de los funcionarios más recalcitrantes del proceso revolucionario.

Una reportera vivió una situación inverosímil cuando el secretario Metropolitano mandó dos emisarios –incluyendo un abogado– para decirle que le parecía que su trabajo sobre el ataque a la directora de Atención al Soberano, Fabiola González, era “amarillista” y que no se ajustaba a los “lineamientos” de lo que él había ordenado que se le informara. Además, la invitaron a que hiciera un nuevo trabajo está vez para “promocionar los programas sociales de la dirección”, oferta que la colega declinó con cortesía, aunque no le faltaron ganas de  responderles que si querían eso pagaran un aviso.

Ese ejemplo es una muestra de intimidación, pues quien sabe si a la larga exista alguna medida, más allá de la réplica, que obligue a los reporteros a escribir según los “lineamientos” que dio algún funcionario.

Es aterrador salir a la calle todos los días con el miedo de qué se puede conseguir: llamar al 171 para que les informen que la noche “estuvo tan tranquila que no hubo ningún muerto” aunque la morgue esté atiborrada de familiares de las víctimas.

La situación está al punto de trastocar la realidad  para acabar responsabilizando a los periodistas de la delincuencia que según voceros gubernamentales “ocurre más en las páginas de los periódicos que en la calle”.

Pero en esa calle, los ciudadanos no tienen menos miedo de hablar, cuando uno se reconoce como periodista es a veces como revelar una suerte de enfermedad: abundan las miradas alrededor para descartar que haya algún espía que pueda dar cuenta de que están hablando con la prensa, o las personas sencillamente dicen ignorar aquello que en realidad saben. Cuando se deciden a hablar bajan el tono cuando denuncian las faltas policiales y, por su puesto, al final se niegan a aportar sus nombres.

Este remolino lleva por mal camino nuestro oficio, pues a cuenta de “informaciones extraoficiales” muchas veces ponemos en la picota nuestra credibilidad, y cualquier minúsculo funcionario puede tratar de desmentirnos. Pero tan peligroso como eso es que algunos comunicadores, de ética dudosa, aprovechen esta situación para crear noticias inexistentes, situación que no hay forma de combatir sino se pude confirmar la información.

La situación exige nuestra participación y un pronunciamiento público en el que le contemos al país lo que está ocurriendo pues el día de mañana nuestra desinformación será la desinformación del público.  

(Equipo SNTP, 03-02-07)