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Con profunda preocupación los periodistas integrantes de la Asociación Civil Los del Medio hemos sido testigos, como todos los venezolanos, de los cada vez más frecuentes intentos de la Fiscalía General de la República de vulnerar el derecho al acceso a la información y la garantía de protección del secreto periodístico, consagrados en el artículo 28 de la Constitución Nacional, así como en el artículo 8 de la Ley del Ejercicio del Periodismo. A través de citaciones, interrogatorios, allanamientos, imputaciones y acusaciones, el Ministerio Público ha pretendido desconocer, no sólo la protección constitucional que tenemos los periodistas, sino también los principios que rigen la profesión. Condenamos esta actitud del organismo llamado a ser el garante de la legalidad en el país. Consideramos que estas prácticas, lejos de contribuir al esclarecimiento de los delitos que se deben investigar, tienen como propósito amedrentar a los comunicadores sociales, así como a las fuentes de información y, en definitiva, crear condiciones para la autocensura. Por mandato legal, la reserva de los documentos oficiales y específicamente los que corresponden a averiguaciones de carácter penal, constituye una obligación impuesta a los funcionarios policiales, fiscales y judiciales encargados y no a los periodistas, cuyo deber es divulgar responsable y oportunamente cualquier asunto que sea de interés social. El derecho a la información y a la libre expresión son pilares del sistema democrático. Sin ellos, el resto de los derechos resultan ilusorios y ese es el riesgo al que estamos sometidos. Exigimos a las autoridades, y en particular a las del Ministerio Público, que reorienten sus recursos y esfuerzos hacia el cumplimiento de su deber con estricto apego al Estado de Derecho, en vez de malgastarlos con la pretensión de doblegar la voluntad de los periodistas venezolanos de seguir cumpliendo fiel y éticamente el suyo.
Asociación Civil LOS DEL MEDIO |
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