Organizaciones académicas, gremiales y de la sociedad
Exigen a la Asamblea Nacional
rechazo de la ley contra delitos mediáticos

Quienes suscribimos el siguiente comunicado, organizaciones venezolanas que trabajan para la promoción y defensa del derecho a la libertad de expresión, manifestamos nuestro profundo rechazo a la propuesta de Ley especial contra Delitos Mediáticos presentada por la Fiscalía de la República , dado que constituye un grave retroceso en materia de libertad de expresión.

El 30.07.09, fue presentado ante la Asamblea Nacional por la propia Fiscal General de la República , la propuesta de Ley especial contra Delitos Mediáticos. El texto de la propuesta es en sí un atropello a la libertad de expresión, que fortalece la autocensura, restringe el vigor del debate y aumenta la discrecionalidad del poder en contra de las personas y la sociedad venezolana.

La propuesta se presentó luego de varias declaraciones de la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, en las que se indicaba que se quería regular la actividad de los medios estableciendo sanciones penales, es decir con una visión de castigo y dejando al margen las garantías constitucionales para el derecho humano a la libertad de expresión.

Los sujetos activos señalados en la ley incluyen a cualquier persona, especialmente a productores nacionales independientes, periodistas, locutores, dueños de medios, conferencistas y artistas, que se exprese por cualquier medio. Las sanciones se aplican por una amplia gama de definiciones ambiguas todas orientadas a la protección de las autoridades y no para garantizar los derechos de la sociedad. La ley incluye sanciones por informar y también obliga a que los directivos de los medios informen acerca de la identidad de quienes escriben bajo seudónimo. Al mismo tiempo indica que los medios deben informar sin omisión alguna sobre todos los hechos o situaciones.

Tipifica la ley ciertas conductas, como divulgación de noticias falsas o la manipulación de noticias, estableciendo penas privativas de libertad para los responsables, con el propósito de “lograr el equilibrio” entre el derecho a la libertad de expresión y a la información oportuna, veraz e imparcial, y el derecho a la seguridad interna de los ciudadanos.

La jurisprudencia interamericana ha resaltado que los medios de comunicación social cumplen un papel esencial en tanto vehículos o instrumentos para el ejercicio de la libertad de expresión e información, en sus dimensiones individual y colectiva, en una sociedad democrática.

En consecuencia, dada la importancia de la libertad de expresión en una sociedad democrática, debe el Estado garantizar y promover su ejercicio, no limitarlo mediante leyes que buscan silenciar los medios de comunicación o todo intento de expresión libre y crítica.

Es necesario destacar, tal como lo ha establecido la Corte Interamericana , que el Estado tiene el deber de no restringir la difusión de ideas y opiniones a través de la prohibición o regulación desproporcionada de los medios de comunicación . (Resaltado añadido). En consecuencia, consideramos que una “regulación” de este tipo implica claras limitaciones a la libertad de expresión.

El anteproyecto presentado es ambiguo y deja a la discreción de los funcionarios judiciales y jueces su interpretación, lo que implica una aplicación arbitraria de penas privativas de libertad. Ello en sí mismo es un atropello que viola las libertades y derechos humanos consagrados en nuestra Constitución. Es un claro retroceso de las garantías constitucionales a la libertad de expresión y las obligaciones soberanamente asumidas por el Estado venezolano. Por ello exigimos que la Asamblea Nacional , rechace el mencionado anteproyecto y que ajuste todos los instrumentos legales los estándares internacionales y se inhiba de establecer nuevos delitos de opinión e información que sólo se observan en sociedades autoritarias.

Caracas, 31 de julio de 2009

<< Regresar