§
El 13 de julio de 2005 los medios de comunicación de
Ocaña (Norte de Santander) recibieron un comunicado,
aparentemente enviado por la Columna Móvil Resistencia
Barí de las Farc, en donde se les advierte que serán
declarados “objetivo militar” si continúan
dando difusión a los mensajes oficiales del Gobierno
Nacional.
§ Estas amenazas van en contravía
de uno de los principios específicos del Derecho Internacional
Humanitario (DIH), que consagra la inmunidad de la población
civil, entendida como toda aquella que no participa activa y
directamente en las hostilidades.
Centro de Análisis de Información
(CADI) – Asociación Democrática para la
Defensa de los Derechos Humanos (ASDEH). Bogotá, Colombia,
julio 14 de 2005
El 13 de julio de 2005 llegó a las instalaciones
de la emisora RUMBA ESTÉREO, de la cadena radial RCN,
un comunicado que aparentemente procede de la columna móvil
Resistencia Barí de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (Farc), en donde se advierte a los periodistas de
Ocaña que serán declarados “objetivo militar”.
El CADI confirmó con un periodista del
municipio de Ocaña y con su enlace en la ciudad de Cúcuta
la información recibida de un periódico regional,
en la que denuncian estas amenazas. Según los periodistas
de la región, mediante una carta abierta, las Farc rechazan
las campañas sicológicas del Comando General del
Ejército donde difunden “programas de reinserción
del Gobierno Nacional y dirigidas a deslegitimar la histórica
rebeldía del grupo subversivo”.
El comunicado del grupo subversivo señala
que los periodistas puestos al servicio de los intereses gubernamentales
son “soldados de civil frente a micrófonos”,
negando de esta manera la condición de civiles a los
periodistas colombianos.
El CADI rechaza esta nueva agresión contra
la Libertad de Prensa y recuerda a todos los actores del conflicto
armado colombiano, que el artículo 13 del Protocolo II
adicional a los Convenios de Ginebra, consagra el principio
general de protección de la población civil contra
los peligros procedentes de operaciones militares. La protección
general implica que está prohibido de manera absoluta
los ataques dirigidos contra personas civiles.
El CADI hace un llamado a las partes enfrentadas,
para que tengan en cuenta que en el caso de un conflicto interno,
cualquier manifestación de simpatía, opinión
o acción indirecta de las personas no combatientes no
autoriza a los actores armados para considerarlas como objetivo
militar.
Finalmente el CADI exige a las autoridades civiles
y militares que garanticen la seguridad de los periodistas y
trabajadores de los medios de comunicación de los departamentos
de Santander y Norte de Santander.
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17-07-05