Los patrones vencieron. El gobierno del Presidente Luis Ignacio Lula da Silva capituló una vez más ante los intereses de las grandes empresas de comunicación del país al vetar integralmente el proyecto de ley que actualizaba las funciones de la profesión de periodista. Orientado por su equipo, el presidente cedió a los argumentos falaces de los dueños de los medios que, utilizando indebidamente el poder de difusión que tienen, usaron sus vehículos sólo para defender sus intereses.

La actualización de la reglamentación profesional de los periodistas es una reivindicación legítima del gremio, organizada en sus Sindicatos y en la FENAJ. El proyecto de ley nº 079/2004 fue discutido y democráticamente aprobado por la Cámara de los Diputados y por el Senado Federal. Al vetarlo integralmente, el presidente niega, una vez más, su origen sindical, su lucha por la organización de los trabajadores y, principalmente, el respeto a los principios democráticos que rigen en Brasil.

El gobierno simplemente no resistió la presión desigual de los dueños de los medios. Capituló a los intereses empresariales, como ocurrió en relación a la creación del Consejo Federal de Periodistas e al proceso de implantación de la TV y de la radio digital en el País.

La FENAJ no puede aceptar que, en esta capitulación, el gobierno asuma los argumentos de la libertad de prensa y de expresión indebidamente utilizado por los dueños de medios. En la campaña que desencadenaron por el veto al PL 079, grandes diarios y emisoras de TV pasaron por encima de la libertad de expresión y de prensa que falsamente dicen defender.

La verdadera amenaza a la libertad de expresión y de prensa no es la reglamentación de la profesión de los periodistas. Es, esto sí, el alto grado de concentración de la propiedad privada de los medios, en connivencia con las élites políticas en los Estados y en el Congreso Nacional y la hegemonía, en el mercado de comunicación, de un único grupo, la Red Globo.

Una vez más, el movimiento sindical de los periodistas fue víctima de una sórdida y orquestada campaña sustentada por las empresas, que difundieron, en escala de masas, desinformación e histeria. Se transformó una justa reivindicación profesional en un problema de Estado. Contaron, como siempre, con los servicios de cómplices y de nuevos e inesperados aliados, inclusive en el campo de los trabajadores. Es condenable la postura de la Federación de los Radialistas (Fittert) que defendió el veto total, al lado de las empresas de radio y TV, y, en el momento final de negociación, propuso la retirada de la función del reportero cinematográfico, previsto como actividad de periodista desde 1969.

Como "salida honrosa", el Gobierno propuso la formación de un grupo de trabajo para discutir cambios en la reglamentación profesional. La propuesta nace comprometida por la postura autoritaria de las empresas de comunicación de sus entidades representativas: ANJ, Abert e Aner que, es sabido, no quieren cualquier reglamentación.

La FENAJ no se apartará del debate democrático y participará del grupo de trabajo propuesto por el Ministerio del Trabajo, pero no cederá más los derechos conquistados con una lucha de generaciones de periodistas brasileros. Es preciso aclarar a la sociedad que a los periodistas interesa mantener y perfeccionar la reglamentación de la profesión, y a los patrones interesa el fin del diploma, la ausencia de un consejo profesional, la desmoralización de las entidades sindicales y la no observancia de los principios éticos que rigen la profesión.

Por su compromiso con ese pasado de luchas y por creer en un país más justo con su pueblo, la FENAJ, los Sindicatos de Jornalistas y toda el gremio va a continuar defendiendo la reglamentación profesional, la exigencia de la formación de nivel superior en periodismo para el ejercicio de la profesión y la auto-reglamentación, con la creación de un Consejo Profesional. Porque todo esto es condición para la práctica de un periodismo verdadero, ético e socialmente responsable.

Brasília, 27 de julio de 2006