De Ripley: Solicitan multa de 20 meses de ingreso para Talcual

El vespertino TalCual y el humorista Laureano Márquez tienen prohibido mencionar, publicar o difundir información de la hija del presidente Chávez. La medida le impide al periódico informar sobre el desarrollo de los procedimientos adelantados por el Consejo Nacional del Niño y el Adolescente y el Ministerio Público.

Como se acostumbra cada viernes en TalCual, el 25 de noviembre pasado Laureano Márquez publicó su columna humor en Serio, en esa oportunidad titulada Querida Rosinés.

El 20 de diciembre el Consejo Nacional del Niño y el Adolescente en el estado Lara inició un procedimiento administrativo contra el periódico, su editor y el columnista, por considerar que violaron los derechos "al honor, la reputación, propia imagen, vida privada e intimidad de la menor de las Chávez".

El Cndna actuó con base en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y el Adolescente, el cual prohíbe exponer o divulgar, a través de cualquier medio, la imagen de los niños y adolescentes contra su voluntad o la de sus padres, representantes o responsables.

Ese mismo día, el Cndna decreta de manera simultánea una orden de protección de la menor, que consiste en la prohibición expresa a los demandados de "publicar cualquier tipo de comentarios, editoriales o publicaciones que directa o indirectamente vayan en detrimento de la integridad moral de la niña Rosinés Chávez".

Según el abogado Humberto Mendoza, esta resolución se convierte en la práctica en una medida de censura. "El procedimiento limita o conculca sus derechos a la libertad de opinión, pensamiento y difusión, así como el de la libertad de prensa".

Mendoza, quien representa tanto al escritor como al vespertino, explica que la prohibición fue tomada por un organismo no facultado para tal medida, pues esa sería una función de los Consejos de Protección. "Se trata de una actuación que pretende usar las potestades y competencias que la Lopna confiere a los Consejos de Protección, para censurar a un medio de comunicación independiente".

También reclama el hecho de que la decisión se tomó sin escuchar a una de las partes y su notificación no fue oportuna, pues se produjo dos semanas después.

Todo esto viola, a su juicio, el derecho a la defensa, por lo cual Mendoza intentó una demanda de nulidad de la medida del Cndna ante el Tribunal Tercero de Protección del Niño y el Adolescente.

Segundo proceso.

Para el 23 de enero pasado la orden del Consejo Nacional de Derechos estaba ejecutada y en la página web del vespertino no había ni señas de la columna. Sin embargo, el Ministerio Público consideró que la medida administrativa era insuficiente e inició un proceso contra Talcual.

La fiscal décimo cuarta de Lara, Mariela Viloria, solicitó al Tribunal Primero de Protección del Niño y el Adolescente sancionar con multa de "veinte meses de ingreso" a cada uno de los accionados, "cancelados a beneficio del Fondo de Protección del Niño y del Adolescente del municipio Iribarren, del estado Lara".

Mendoza interpreta que esta petición persigue el cierre del vespertino. Se pregunta "qué medio resiste cancelar una multa que equivale a veinte meses de su ingreso, del sueldo del editor y de uno de sus columnistas".

El abogado hizo una solicitud de acumulación de los procesos que cursan en los tribunales Primero y Tercero de Familia y aún no ha obtenido respuesta a su petición.

Como medios para la defensa el abogado promovió tres análisis semiológicos, con los cuales se quiere demostrar que en el artículo "no hay una sola línea que agravie, ofenda o menoscabe los derechos de Rosinés", expresa Mendoza.

Otros casos
El vespertino también enfrenta un proceso ante el Tribunal Trece de Juicio de Protección del Niño en Caracas. En este caso el Ministerio Público, a instancia de la madre de la menor Roxana Rivero, solicita se imponga a TalCual una multa por 30 ingresos del periódico y el cierre por dos días. Actualmente esperan audiencia.

Hace más de dos años, el ex vicepresidente del Centro Simón Bolívar demandó al periódico por 3 mil millones de bolívares. Según el abogado Mendoza el proceso cesó por falta de impulso de quien reclamaba, "pero puede ser abierto nuevamente".

Fuente: El Universal

09-06-06


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