Los problemas de la emisora se remontan al mes de enero del año 2005, cuando se iniciaron las "tomas ilegales" de terreno, siendo objeto de estas "invasiones precarias" una parcela de nueve hectáreas ubicada en el barrio 13 de Septiembre, en cuyo lugar se encontraba la antena de la estación radial, con más de 55 años en el corazón de los valencianos.

Ante la preocupación de la colectividad por el cierre de este medio de comunicación social en el estado Carabobo, nuestro acostumbrado Desayuno en la Redacción se llevó a cabo con Marisol Rendón, directora de la radio; José Luis Camacho, locutor y periodista con más de 20 años en la estación; y José Aguilar López, jefe de prensa de la 810 y secretario general del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) seccional Carabobo.

Nuestros invitados fueron recibidos por Laurentzi Odriozola Echegaray, director de Notitarde; Laura Olaizola Ponce, editora de Carlos Arvelo; Juan Pablo Valero, editor Web; el reportero gráfico Jorge Cera y quien suscribe estas líneas.

En primer lugar, tomó la palabra la directora administrativa de la emisora 810 AM, "La Suprema", estación radial con 55 años en el aire en todo el centro del país. Inició su intervención narrando desde el primer momento en el cual empezaron los problemas, "el 8 de enero de 2005, cuando un grupo de habitantes precarios se introdujo en las instalaciones del terreno de la planta, ubicado en el barrio 13 de Septiembre".

Según Rendón, las autoridades del Gobierno Regional le notificaron que tenían que acudir a demostrar que el terreno pertenecía a 810. "Nosotros acudimos a todas las instancias. Estuve en la Policía de Carabobo, porque tenemos un módulo bien cerca; luego a la Guardia Nacional, no pudimos hacer nada".

La directora expresó que un funcionario de la Guardia Nacional le recomendó que fuera al registro y sacara el documento donde constara que el terreno pertenecía a la radio.

Después de todo este ínterin se corroboró con documentos en manos que el terreno no tenía hipotecas y que era de Radio 810; pero días más tarde, el gobernador de Carabobo, Luis Felipe Acosta Carlez, anunció debido a la ola de invasiones "desatada" en Carabobo" que cualquiera que se sintiera lesionado en sus derechos fuese al juzgado a introducir una querella de interdicto restitutorio.

Pero aun con las promesas de Gerardo Ramírez -en ese entonces al frente del Instituto de Vivienda de Carabobo- y del secretario Miguel González Chejade, los problemas continuaron hasta el punto de romper un cable coaxial e interferir en la señal de la estación; no bastó que los representantes de la emisora acudieran hasta la Defensoría del Pueblo y Fiscalía a exigir sus derechos laborales como trabajadores de un medio de comunicación social.

A Marisol Rendón siempre le dijeron las autoridades regionales que si tenía el interdicto en las manos iban a respetar y a desalojar a las personas que de manera ilegal se encontraban ocupando los terrenos; pero toda esta medida fue falsa.

Por el contrario, expresó que fueron sacados del aire de manera violenta por las averías hechas en la planta de transmisión, lo que dejó una clara evidencia de que los "tomistas" no acataron la decisión del Gobierno Bolivariano de Carabobo.

Dijo que el propio Gerardo Ramírez se comprometió en un programa que transmitieron en la estación a que iba a desalojar a los ocupantes del terreno; pasó el tiempo y lo prometido no se cumplió, y después el representante del Gobierno nunca más atendió a la gente de 810 y fue cambiado de cargo.

Trascendió que en el interdicto restitutorio en la sentencia el juez ordenó que no se prestara ayuda a las personas de la radio, menos que se usara la fuerza pública para desalojar a los ocupantes del terreno. "Por supuesto, jamás prestaron el apoyo de la Policía, porque a los invasores no se les puede tocar; son pueblo y por las buenas iban a desalojar el terreno. Con ese cuento pasó más de un año".

Luego de la sentencia, a principios de 2006, llegó una citación de la Comisión de Ejidos, que preside el concejal Pablo Montoya, quien participó que el terreno era ejido. "Ese terreno es de la municipalidad y ustedes tienen que devolverlo", dijo Rendón.

En ese momento el edil dejó sin efecto los documentos donde Fogade en subasta pública del año 1997 había vendido a la familia Petrica, lo que demuestra que si vendió es porque no era ejido, indicó Rendón. Pero el concejal Montoya insistió en que la parcela era de la Alcaldía y que fuera a pelear con Fogade.

La "odisea" del terreno llegó a su fin una vez que se conoció la decisión final de la Alcaldía en el mes de abril, cuando se notificó que se había dejado sin el efecto el contrato de donación que tenía con la emisora, razón por la cual tenían que desalojar la parcela o de lo contrario iba a pasar al Tribunal Contencioso Administrativo.

Relató que en el mes de mayo acudió la representante de los invasores en la planta transmisora, Maigualida Odreman a reunirse con ella en los estudios de 810, pero para informarle que tenían que desocupar en 24 horas el terreno, porque la parcela se le había dado a ella para construir casas y que el general Jorge Luis García Carneiro iba a fabricar 300 viviendas por orden del presidente Hugo Chávez, las cuales estarían listas en septiembre, porque es año electoral.

También se comunicaron con la dirección de la estación 810 representantes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), quienes se reunieron con los representantes legales de la empresa Bedeca, compañía a la cual pertenece la radio, y una representación de los "tomistas". Después de la reunión se conoció acerca de una medida en la cual se tenía que desocupar el terreno en los próximos 45 días.

Los abogados de la emisora aceptaron la medida y procedieron a solicitar más tiempo para ubicar un nuevo terreno, para proceder a desmontar la antena e instalarla en otro lugar; pero en vista de que no se procedió a otorgar un lapso mayor, hubo la necesidad de salir del aire por espacio de 5 meses de una manera técnica, sin dañar la señal ni cambiar de frecuencia.

Presión laboral y periodistas oficialistas

Otra presión que ayudó a la salida del aire de la emisora 810 AM fue la laboral, porque los trabajadores decidieron renunciar; se consultó a la directiva de la empresa para su cierre y fue aceptado, con lo cual se daba inicio a los trabajos de desmontaje de la antena y búsqueda de un nuevo terreno, pero esta acción fue vista por tres ex trabajadores como una oportunidad para tomar el control de la estación, apoyados por el periodista Marcos Hernández y su organización.

Según Marisol Rendón, también se quería, con el cierre del medio de comunicación, llamar la atención de las demás empresas que pudieran correr con la misma suerte.

Asimismo recibió muchas amenazas de Maigualida Odreman, quien ofreció tumbar la antena con un camión si no la sacaban de la parcela, acción que de suceder pondría en riesgo a los cientos de personas que viven en la comunidad invadida.

Toma de los estudios busca la frecuencia

La intención que posiblemente tengan algunos periodistas oficialistas sería quedarse con la frecuencia 810 AM, la cual durante 55 años ha pertenecido a la emisora 810 "La Suprema".

Mencionó que Conatel como institución dedicada a las telecomunicaciones debe fijar su posición, porque no se puede permitir que estas personas actuando como unos delincuentes saquen la señal, que fue obligada a través de distintas presiones a salir del aire, y como representantes institucionales no se pronuncien.

Sienten temor, propietarios y trabajadores, de que la señal quede como está establecida; de llegar a un arreglo, quedará demostrado que es completamente político: "Se quitaron la careta porque nos exigieron salir para quedarse con el medio.

Estos invasores tomaron los estudios ubicados en la calle Girardot con avenida Montes de Oca, en pleno centro de Valencia; se apoderaron de 4 apartamentos donde funciona la radio con más de dos millardos de bolívares en equipo técnicos, violentando la propiedad privada y los bienes muebles".

Para el periodista y locutor José Luis Camacho, estos trabajadores siempre tuvieron la idea de que el Gobierno les otorgara la radio. Ex trabajadores comandados por el señor Luis Padrón, quienes mostraron su renuncia el 1 de junio, regresaron encabezados por Marcos Hernández, quien no tiene nada que ver con la emisora y habla en nombre del Gobierno.

Camacho dijo que los nuevos "invasores" violentaron las puertas, la Policía de Carabobo ni se molestó por recuperar el orden.

-Mientras tanto -expresó Camacho-, Marcos Hernández manifestó que los Gobiernos Nacional y Regional "los respaldan a él y a los trabajadores, y aquí ellos eran el Gobierno".

Por su parte, se espera que los representantes legales de la empresa se reúnan durante la próxima semana con los "tomistas" de los estudios de Radio 810 AM, para buscar una nueva salida a este conflicto.

Radio 810 tiene cuatro apartamentos donde funcionan los departamentos de administración, cabina, oficina de información y comunicación y programación; todos estos inmuebles pertenecen a la familia Petrica, propietaria de la emisora 810 AM.

Marisol Rendón dice que la intención de estos trabajadores es la frecuencia. "No podemos permitir que los medios se encuentren en manos de personas que violen la propiedad privada, que actúen de esta manera, pero es a ellos a quienes les están entregando estos medios, más el atropello a la propiedad privada que vivimos en una anarquía que nadie respeta nada, en Venezuela y Carabobo".

Esperan que la Cámara Venezolana de la Radio emita también un pronunciamiento sobre las irregularidades que suceden con este medio de comunicación (el cual está "sembrado" en el corazón de los valencianos) y que tanto daño le están causando a la libertad de expresión.

Rendón recuerda la mala experiencia que se vivió en el mundo de la radio con Aragüeña 650 AM, emisora del estado Aragua que pasó a manos del Gobierno y que con el tiempo desapareció.

Durante este cierre técnico de 810, los trabajadores recibirán todos sus ingresos, las prestaciones serán canceladas, información que Humberto Petrica anunció en la reunión que sostuvieron el viernes en Caracas.

Preocupa a Marisol Rendón que la nómina de 15 trabajadores sea representada por 4 empleados con Marcos Hernández, que nunca ha trabajado en la emisora.

Preocupa aun más el bajo perfil que mantiene la Secretaría de Seguridad del Gobierno Regional, que no ejecuta acciones para intentar frenar las invasiones, sobre todo a la propiedad privada.

-Al secretario de Seguridad, porque la Policía no puede prestar ayuda, si el Gobierno quiere quedarse con la frecuencia, pueden quedarse con la frecuencia, pero no con los bienes muebles, la propiedad privada. El problema es de seguridad pública, los cuatro departamentos donde funcionan los estudios son de la familia Petrica-, dijo José Luis Camacho.

En la estación radial existen más de 2 millardos de bolívares en bienes muebles, con un transmisor que asciende a los 150 mil dólares, micrófonos, equipos de audio y computadoras.

Entre tanto, el periodista José Luis Camacho considera que la cogestión que desean integrar a 810 no va a defender los intereses de los trabajadores.

De acuerdo a la manera como están actuando estas personas, todo parece indicar que la situación tiene un "tinte político", por lo menos los antecedentes previos lo demuestran, desde el pasado 8 de enero de 2005 cuando invadieron los terrenos donde está ubicada la antena transmisora.

Fuente: Notitarde

14-06-06