Durante mi época de estudiante, siempre tuve necesidad de trabajar para ayudar a mi familia y llegar a mi meta de ser periodista. Durante dos años me desempeñé como transcriptora de datos en una firma de contadores públicos, labor que, además de ayudarme a desarrollar velocidad en la escritura a máquina,  también muchas veces me llenó de reflexión sobre lo que sería mi profesión en el futuro.

En esa labor, yo no me conformaba con ser solo transcriptora y cuando los contadores que entregaban los borradores de los informes de auditoria, en muchos casos mal redactados y con errores ortográficos, hacía lo posible por mejorarlo, pese a que tenía prohibición expresa de mi supervisora de corregir los textos. Se alegaba que el lenguaje contable es muy específico y las transcriptoras, queriendo hacer una gracia con la redacción, podíamos convertirla en morisqueta y dañar el trabajo. “Ustedes pasen en limpio los textos tal como están, si ellos no saben redactar, eso es su problema, que se entiendan con sus superiores”, decía la jefa en aquel tiempo. Yo me consolaba diciéndome a mi misma: Cuando sea periodista tendré la oportunidad de corregir mis noticias y darle la redacción correcta a todos mis trabajos sin que nadie me lo prohíba. Algo así como: “Cuando yo sea grande, ya verán”.

Esta situación la evoco ahora, cuando tengo más de 15 años de ejercicio profesional, porque observando el escenario del país, en lo que respecto a las restricciones que se están haciendo al acceso a la información, me preocupa que las nuevas políticas comunicacionales del Estado pretenden conducirnos a convertirnos a los periodistas en simples transcriptores de boletines oficiales. Esto para mi significaría retroceder a mi posición de transcriptora en la firma de contadores públicos donde trabajé hace años.

He escuchado testimonios de colegas que tenían entrevistas pautadas con ministros y otros voceros del gobierno, quienes prácticamente son los que pueden dar noticias en estos tiempos revolucionarios de los cinco motores constituyentes, y de repente se las suspenden porque el Ministerio de Comunicación e Información (Minci) no ha autorizado el encuentro. Más grave aún,  en algunos casos es el Minci quien ofrece entrevistas con ministros a algunos medios y luego intenta contactar al periodista  que tiene pautado el trabajo para “sugerirle” o “recomendarle” las preguntas que debe hacerle al personaje.

También existen muchos personajes públicos que andan escondiéndose de los periodistas cuando son requeridos para aclarar alguna información de relevancia nacional; sin embargo, cuando son ellos los que necesitan “echar a rodar” en la opinión pública, alguna noticia que les conviene o les interesa, no dejan en paz a los periodistas y hasta convocan dos y tres ruedas de prensa en la semana para decir lo mismo. De paso, esperan que se las cubran toditas y bien destacadas.

Otro grupo de voceros oficiales, que yo bauticé como “perniciosos”, son aquellos  que para quitarse al periodista de encima, les declaran cualquier cosa y hasta se les va la lengua y dicen cosas que luego los compromete con sus partidos políticos. Para Salirse del problema, acusan al comunicador de tergiversar sus declaraciones y hasta piden réplica para que se termine escribiendo lo que ellos quieran.

En otros casos, muchos periodistas somos sometidos a largas esperas para obtener declaraciones de un vocero público sin obtener ningún resultado. Luego, cuando regresamos exhaustos a nuestros periódicos, conseguimos un e-mail o una hoja de fax con una breve declaración “a la conveniencia” del personaje que tanto esperamos durante el día. ¿No es esto para preocuparse?, ¿No son estas señales evidentes de que se busca solo nuestras transcripciones?. Aquí no cabe la justificación de que las oficinas públicas siempre han enviado notas de prensa, de que tanto en la Cuarta como en la Quinta República esto ha marchado igual.

Me perdonan los compañeros que crean en estos argumentos, porque si bien en muy cierto que siempre han funcionados oficinas de prensa en todos los ministerios e instancias gubernamentales desde donde se envían notas de prensa a los medios de comunicación, nunca como ahora  se observa que estas estructuras se han rediseñado de la forma más anti-periodistas posible.

Por ejemplo, la sala de prensa de los periodistas que cubren sucesos es un árbol frente al Cicpc en Parque Carabobo; en el Palacio de Justicia, andamos en los pasillos y en la mayoría de los casos en la pollera del frente esperando que salga un vocero importante de un juicio; en el Tribunal Supremo de Justicia, donde los espacios son inmensos y existe un Oficina de Información bien constituida, no se pensó siquiera en unas sillas, de esas que se alquilan en las agencias de festejo, para que se sienten los periodistas y no tengan que aguantar largas esperas sentados en el piso; en la Asamblea Nacional, también hay una oficina de prensa, a la cual le cerraron todo acceso directo a la calle para que los periodistas tengan que saltar varios obstáculos antes de llegar a la misma. En Miraflores no he entrado durante los últimos ocho años, pero el ministro William Lara ha anunciado la apertura de una modernísima estructura para albergar a los comunicadores interesados en hablar con el primer mandatario nacional. Pueda que exista esa oficina, lo que pasa es que acceder al Palacio, a donde en otros tiempos los periodistas íbamos hasta en nuestros días libres, solamente a admirar los jardines y a chismear con los colegas, hoy casi es un acto de misión imposible.

A propósito de que siempre el presidente Hugo Chávez, sus ministros y diversos voceros del gobierno hablan con mucho convencimiento de los planes hermosos de la revolución, de la plena libertad de expresión existente en Venezuela y de la abundancia de libertad y calidad de vida, me gustaría que alguien reflexionara sobre nuestra realidad en sintonía con el siguiente extracto de un poema de Mario Benedetti:

“No me ensucie las palabras,
No les quite su sabor,
Y límpiese bien la boca si dice revolución”.

Dorys Villarroel
(18-03-2007)