En su informe anual condenó agresiones a comunicadores de la Cadena Capriles
CIDH PIDE INVESTIGACIONES EFECTIVAS EN LOS CASOS
DE VIOLENCIA Y HOSTIGAMIENTO A PERIODISTAS

Caracas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Estado venezolano a adoptar las medidas necesarias para “proteger la vida, la integridad personal de los comunicadores sociales y la infraestructura de los medios de comunicación”.

En su informe titulado Democracia y Derechos Humanos en Venezuela , el organismo hemisférico insistió en la obligación del Gobierno nacional “de realizar investigaciones serias, imparciales y efectivas de los hechos de violencia y hostigamiento contra los periodistas y medios, identificando, juzgando y sancionando a sus responsables”.

El documento anual, aprobado el pasado 30 de diciembre y publicado ayer, condena los procedimientos y hechos de violencia que comprometen la libertad de expresión como derecho fundamental y eje central de la democracia.

La CIDH analizó la compatibilidad del marco legal vigente en materia del derecho a la libertad de expresión con las obligaciones del Estado a la luz de la Convención Americana; el uso de las cadenas presidenciales; las manifestaciones de altas autoridades contra medios de comunicación y periodistas; los procesos disciplinarios, administrativos y penales; la regulación del espectro radioeléctrico y la aplicación de las disposiciones sobre radiodifusión; y las violaciones a los derechos a la vida e integridad personal. En todos los casos, exhorta a dar cumplimiento a los convenios internacionales suscritos por la República.

“La Comisión ha identificado varios aspectos que contribuyen al debilitamiento del Estado de Derecho y la democracia en Venezuela y que han tenido como consecuencia serias restricciones al pleno goce de los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana”, concluye el documento que hace mención a las agresiones sufridas por doce periodistas de la Cadena Capriles.

En este sentido, la CIDH cuestiona las declaraciones del presidente Hugo Chávez cuando afirmó que existían pruebas que demostraban que los periodistas agredidos habrían propiciado el ataque por parte de sus presuntos simpatizantes. “Este tipo de declaraciones por parte del Presidente de la República podrían ser interpretadas por sus seguidores como una aprobación del Gobierno para la comisión de crímenes de la misma naturaleza”, se lee en el texto

“Es importante recordar que la protesta pública es una de las formas usuales a través de las cuales se ejerce el derecho a la libertad de expresión y que las expresiones contra proyectos o políticas gubernamentales, lejos de ser una provocación a la violencia, son consustanciales a cualquier democracia pluralista”, señala el organismo.

Entre otras recomendaciones, el capítulo sobre Libertad de Pensamiento y Expresión señala que se deben derogar las disposiciones sobre desacato, vilipendio e injuria a la Fuerza Armada Nacional; asegurar que el uso de de las cadenas para difundir mensajes satisfagan el requisito de estricta necesidad; garantizar la más absoluta imparcialidad y el debido proceso en todos los procedimientos administrativos y judiciales; someter todas las decisiones en materia de radiodifusión a las leyes, la Constitución y los tratados internacionales vigentes; mantener desde las más altas instancias estatales la condena pública de los actos de violencia contra los comunicadores sociales y medios de comunicación; y, asegurar que los funcionarios públicos se abstengan de realizar declaraciones que generan un ambiente de intimidación que limite el derecho a la libertad de expresión.

El informe concluye reiterando el interés de la CIDH en realizar una visita a Venezuela, lo que no ha sido posible desde 2002, y ofrece su colaboración y asesoría al Estado venezolano, dentro del marco de sus atribuciones, a efectos de adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a sus recomendaciones.

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