El hostigamiento judicial contra periodistas está en aumento en América Latina a fin de "intimidar psicológicamente" a los reporteros para limitar la libertad de expresión en la región, declaró la semana pasada el nuevo Relator Especial para la Libertad de Expresión, Ignacio Álvarez.

"Esto es muy preocupante y le vamos a dar mucha atención", anunció Álvarez, en su primer encuentro con la prensa en Washington tras su designación como Relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).

"La intención al iniciar juicios no necesariamente busca que el periodista termine en la cárcel, porque en general eso no ocurre, sino que se busca una intimidación psicológica del periodista encausado y también de sus colegas, que empiezan a plantearse: yo podría ser el próximo", explicó Álvarez.

"El mero hecho de estar sujeto a un proceso penal y enfrentar la posibilidad de cárcel es por sí mismo una violación a la libertad de expresión, desde el punto de vista de la Relatoría", agregó.

Solamente en 2005 y en lo que va de 2006, se han iniciado más de 50 juicios contra periodistas en el continente, siendo la mayor parte por calumnias, injurias y difamación.

El país con más procesos iniciados en este período fue Perú, con 14, seguido por Venezuela con 10, y México y Brasil con cinco cada uno.

"Esto se inscribe en una tendencia de poca tolerancia a la crítica", señaló. "Son formas más sutiles de censura que se están usando".

Su gestión al frente de la Relatoría dará prioridad al seguimiento de este tema y a la campaña que este organismo viene desarrollando desde hace años para modificar las leyes que permiten que los periodistas enfrenten juicios penales por este tipo de cargos.

Otro tema que el nuevo relator tendrá en especial consideración serán los asesinatos y agresiones físicas a periodistas.

En 2005 tres periodistas fueron asesinados en Haití, dos en México y uno en Colombia. En lo que va de 2006 ya fueron asesinados dos reporteros en Ecuador, uno en Guyana y uno en Venezuela, y uno desapareció en Paraguay. Las agresiones físicas el año pasado sumaron 43 episodios en 15 países.

La Relatoría considera que el asesinato de trabajadores de la prensa, además de constituir un crimen contra la persona, es una violación a la libertad de expresión porque termina con las denuncias que venía haciendo el periodista asesinado y también suele generar autocensura en otros reporteros.

A esto se suma el problema de la impunidad en la que suelen quedar los asesinatos y las agresiones físicas a periodistas en la región.

"El padrón de impunidad es altísimo", dijo Álvarez. "Son excepcionales los casos en que se hace justicia".

Esto ocurre porque "hay poca voluntad política real de impulsar las investigaciones", por "ineficacia de los Poderes Judiciales", y porque "muchas veces los poderes locales contribuyen a la impunidad", dijo Álvarez.

03-05-06