CIDH expresa preocupación por la situación de los DDHH en Venezuela y reitera al gobierno la jurisprudencia de la Corte Interamericana

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su informe anual en donde incluyó una sección sobre los derechos humanos en Venezuela. En dicha sección, la Comisión expresó su preocupación por las ejecuciones extrajudiciales de personas que se han presentado en forma sistemática en algunas regiones del país y por la persecución a testigos de este tipo de hechos.

La impunidad frente a casos de ejecuciones extrajudiciales es uno de los graves problemas que confronta Venezuela, siendo una problemática que abarca la actividad de grupos parapoliciales, fenómenos de violencia contra personas socialmente marginadas y la persecución de campesinos involucrados en el proceso de reforma agraria.

La CIDH expresó su preocupación porque el Estado de Venezuela continúa considerando que las decisiones de la Comisión Interamericana no son vinculantes en su ordenamiento jurídico interno. La Comisión reiteró la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre el deber de los Estados de cumplir las obligaciones convencionales de buena fe y sobre el deber de los Estados de implementar y cumplir con las resoluciones emitidas por sus órganos de supervisión.

En cuanto a la administración de justicia, la Comisión valoró como aspecto positivo los programas impulsados en orden a fortalecer la cobertura, eficiencia y tecnología del sistema de administración de justicia, así como aquellas iniciativas encaminadas a mejorar las condiciones laborales de los jueces. De otra parte, la CIDH tomó nota de los programas de regularización para impulsar la titularidad de los jueces.

Sin embargo, la CIDH reiteró su preocupación por la continuidad de un alto porcentaje de jueces en situación de provisionalidad. A ello se suma la irregular situación de funcionamiento de que ha acompañado a las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, toda vez que la mayoría de la Corte Primera fue destituida en octubre de 2003 y este tribunal estuvo sin funcionar durante nueve meses. La Comisión reiteró que es problemático que un tribunal que debe analizar asuntos de gran importancia –y, en particular, muchos actos del poder ejecutivo- lleve ya varios años sin contar con jueces de carrera. Asimismo, la CIDH informó sobre la continuidad de problemas relacionados con la falta de estabilidad, el régimen transitorio en el que se encuentra la jurisdicción disciplinaria y la posible manipulación del poder judicial por parte del poder ejecutivo; además expresó su preocupación por la provisionalidad de un alto número de fiscales adscritos al Ministerio Público. La CIDH observó además que continúan sin cumplirse sus recomendaciones relacionadas con la aplicación de la justicia penal militar contra civiles y militares retirados. Aproximadamente un centenar de civiles habrían sido juzgadas o estarían siendo juzgados ante la justicia militar desde octubre de 2003.

Por otra parte, la Comisión manifestó preocupación por las denuncias recibidas sobre la violencia registrada en las cárceles, penitenciarías e internados judiciales de Venezuela. Las cifras recibidas por la Comisión registraron 360 muertos y 69 heridos, entre enero y octubre de 2005. Entre los motivos de esta situación se señala la falta de personal de custodia calificado, su posible aquiescencia en actividades ilícitas como el tráfico de drogas y armas, y el número reducido de vigilantes para mantener el orden y la disciplina interna.

La CIDH dedicó una sección especial a la problemática sobre tolerancia al disenso o crítica política y a las actividades fiscalizadoras de la sociedad civil. En este sentido, la Comisión manifestó su preocupación por las denuncias recibidas de personas presuntamente discriminadas en razón de su participación en el referendo revocatorio, y la continuidad de los efectos de la llamada “Lista Tascón” (con los firmantes del referendo del año 2004), especialmente reflejados en despidos y discriminación en el acceso a los servicios públicos.

Por otra parte, la Comisión también se refirió a la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos, manifestando su preocupación por la continuidad de las denuncias relacionadas con hostilidades y amenazas contra la integridad física de los defensores y defensoras. Asimismo, la CIDH se pronunció sobre la gravedad por la descalificación del trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos por parte de las autoridades estatales, del poder legislativo, ejecutivo, ministerio público e incluso del poder judicial, relacionándolos con “estrategias golpistas” o desestabilizadoras. Asimismo, la Comisión expresó preocupación por las restricciones al financiamiento internacional mediante procesos penales abiertos con fundamento en una interpretación extensiva de ciertos delitos como “solicitud de intervención extranjera en los asuntos de política interior”.

En cuanto al derecho a la libertad de expresión, la Comisión manifestó su preocupación por las denuncias recibidas en el 2005 en cuanto a la promulgación de leyes que afectan la libertad de expresión; el aumento de procesos penales en contra de periodistas; acciones discriminatorias en el otorgamiento de la publicidad oficial, además de intimidaciones, ataques, hostigamientos y detenciones por parte de efectivos militares en contra de periodistas. En cuanto a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión de Venezuela, la CIDH expresó preocupación por las amplias restricciones a los contenidos de los medios de comunicación, y por la creación del Directorio y Consejo de Responsabilidad Social, con amplio poder sancionatorio, sin que se hayan establecido los límites a sus facultades.

Respecto de los derechos económicos, sociales y culturales la Comisión expresó satisfacción por el resultado favorable de programas estatales, llamados Misiones, relacionados con la cobertura de estos derechos, en particular las Misiones sobre alfabetización y agua potable. Asimismo, la Comisión manifestó su satisfacción por la sanción de la Ley Aprobatoria del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales en marzo de 2005.

Para concluir, la Comisión informó que durante su visita in loco a Venezuela llevada a cabo en el año 2002 el Estado manifestó su disposición para realizar cuantas visitas de seguimiento considerara necesarias. Desde tal fecha, la CIDH y su Relator para los asuntos de Venezuela, el Comisionado Paulo Sérgio Pinheiro, han venido sosteniendo diversas conversaciones con el Estado con el fin de concretar la mencionada visita. En el presente la Comisión se encuentra a la espera de una respuesta del Estado con una propuesta de fecha definitiva.

07-05-06