Las reformas legislativas en Venezuela ocupan la atención del Relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Ignacio Álvarez.

Es una práctica en el órgano de la OEA que los casos que reciben sean conocidos por funcionarios oriundos de otras naciones para garantizar un tratamiento imparcial, pero a Álvarez le concierne analizar la situación de su propio país. Eso explicaría la cautela con la cual se refiere al caso venezolano.

_¿Cuáles son las preocupaciones básicas sobre libertad de expresión en Venezuela?

_Yo trato de plantear una cosa positiva cuando la hay. En Venezuela existe una mayor conciencia de la importancia de la libertad de expresión para una sociedad democrática. Como país ese tema ha sido centro de debate y eso es muy positivo. Después, con respecto a las áreas problemáticas, observamos que en 2005 habría bajado en cantidades los episodios de agresiones físicas, amenazas e intimidaciones. Pero, por otra parte, en ese mismo año se aprobó la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y se reformó el Código Penal. La reforma del Código Penal la vemos como un retroceso, porque la tendencia desde el año 1994 en el Hemisferio es que se deroguen estas leyes. Nueve países las han derogado, porque esa figura otorga una protección especial a los funcionarios públicos y la CIDH ha dicho que los funcionarios públicos y aquellas personas que voluntariamente se integren en asuntos públicos deben estar sujetos a un mayor nivel de crítica. En ese sentido, vemos como algo negativo, como un retroceso en materia legislativa, que en Venezuela se haya modificado la ley para aumentar las penas y a los funcionarios protegidos.

_La CIDH ha informado que aumentaron las denuncias de acoso judicial.

_Hemos recibido denuncias de varios procesos judiciales por difamación e injuria. En una sociedad democrática contemplar una sanción penal para este tipo de hechos, es una sanción demasiado drástica, desproporcionada, que no ayuda a que haya un mayor nivel de debate. Con eso no se quiere decir que los funcionarios públicos no tengan derecho al honor ni a la reputación, sino que la manera de proteger el honor y la reputación debe ser a través de sanciones civiles proporcionadas y del derecho a rectificación. Un estándar que proponemos es que se debería despenalizar.

_¿Maneja información sobre la impunidad en los casos de agresiones a periodistas?

_Nos preocupa informaciones recibidas sobre la impunidad eventual por las agresiones que ha habido durante los últimos años. Pero tendría que analizar cada caso. No por eso hago un juicio absoluto de que exista total impunidad.

_Un caso sería el del fotógrafo Jorge Tortoza, el cual todavía se encuentra en la fase de investigación en la Fiscalía.

_Habría que ver los casos específicos. Hasta ahora no tenemos noticias concretas sobre el resultado de ese proceso. Pero es importante señalar que los estados están obligados a investigar de una manera seria, eficaz y rápida tanto las agresiones como los asesinatos de periodistas.

_¿Existe un estándar del tiempo razonable para una investigación?

_Nuestra percepción general es que estos casos quedan impunes en toda la región. Pero el estándar puede variar. En una investigación donde no se haya hecho absolutamente nada de nada, que no se levanta el cadáver, no se toman las declaraciones iniciales, un año podría ser un plazo no razonable. Por el contrario, en un caso donde haya habido un despliegue enorme de pruebas y testigos, donde existan varias apelaciones, tres años puede estar dentro del plazo razonable.

_¿Conoce si existen consecuencias por la implementación de la Ley de Responsabilidad Social?

_La Relatoría también ha expresado públicamente su preocupación en cuanto a esta Ley, por considerar que a través de la regulación de los contenidos pudiera en el fondo conducir a una situación autocensura. También hemos recibido denuncias de procesos tributarios o administrativos. Por el mero hecho de iniciar un proceso tributario a un medio no se está violando la libertad de expresión, pero primero hay que ver si ese proceso se está usando para los fines regulares o si se está utilizando como una desviación del poder del Estado para tratar de coartar la libertad de expresión. Hay que ver también que las sanciones sean razonables y proporcionadas.

_Al diario El Impulso lo cerraron durante un día por no tener completa una documentación fiscal. La medida fue calificada como de exagerada por algunos sectores de oposición.

_Por eso digo que hay que verlo caso a caso. No quiere decir que los medios no deban pagar impuestos, pero hay que ver si a los medios afectos al Gobierno se les sanciona de la misma manera que a los que no lo son. Es una queja que hemos recibido, pero se va a analizar con base en los estándares internacionales para determinar si estos procedimientos se están utilizando como un medio indirecto para coartar la libertad de expresión.

_¿Cómo observa la Relatoría el cumplimiento por parte del Estado de las medidas cautelares y provisionales a favor de varios periodistas venezolanos?

_La Comisión ha dicho que no está satisfecha con el grado de cumplimiento. Pero la Comisión también ha destacado un cambio de actitud del Estado venezolano frente a los órganos del sistema, en cuanto a que ha reconocido la responsabilidad internacional en dos casos y está participando más en el sistema interamericano.

_¿Qué lugar ocupa Venezuela en la región en términos de respeto a la libertad de expresión?

_Existe un país en el Hemisferio donde no existe libertad de expresión, que es Cuba. El resto de los países tienen mayores o menores problemas. En ese contexto, Venezuela ha sido un país de atención especial por parte de la Relatoría, debido a las situaciones que se han analizado en los últimos años.

_¿Cuál es la vía que utiliza la Relatoría para informarse de la situación en los países?

_Existen periodistas y víctimas que nos hacen llegar información. Nosotros mismos estamos consultando la prensa permanentemente para ver lo que ocurre. Existen redes internacionales mediante las cuales llegan noticias, hay distintos medios por los cuales la Relatoría recibe información. Eso, además de las audiencias que se celebran en la Relatoría y de peticiones que recibimos.

Fuente: El Universal.