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Nosotros, GREGORIO SALAZAR MARVAL, ANA DIAZ GALARRAGA Y NORMA JOSEFINA GARCIA, mayores de edad, periodistas, de este domicilio, titulares de las Cédulas de Identidad núms. V.- 3.828.966 ; V.- 4.090.818 y V.- 3.971.114, Secretario General, Secretaria de Organización y Secretaria de Finanzas, respectivamente, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), organización inscrita por ante el Ministerio del Trabajo del para entonces Distrito Federal, el 12 de abril de 1946, bajo en N° 177, Folio 59, del Libro de Registro respectivo, en representación de la prenombrada organización y en nuestro propio nombre, asistidos en este acto por LEON ARISMENDI y GUILLERMO ALCALA PRADA, abogados en ejercicio, inscritos en el I.P.S.A bajo los núms. 28.562 y 45.812, respectivamente, ante ustedes acudimos para interponer el Recurso de Interpretación Constitucional contenido en este escrito. I El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) es una organización cuyo funcionamiento y actividades se han visto afectadas por la norma constitucional que faculta al Poder Electoral para organizar las elecciones de los sindicatos. Adicionalmente, los recurrentes somos miembros de la directiva de dicha organización, realizamos cotidianamente actividades sindicales y como tales tenemos interés personal, legítimo y directo en la solución de la problemática creada por la interpretación y aplicación de las normas objeto de recurso; esto es: los artículos 293, numeral 6, 95 23 y de la Constitución Nacional y los artículos 3 y 8 del Convenio núm. 87 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Venezuela en fecha 03 de septiembre de 1982, publicado en la Gaceta Oficial núm. 3.011. En efecto, la interpretación literal del mencionado artículo 293, numeral 6, llevó al Consejo Nacional Electoral a asumir para sí, la organización de los procesos electorales de los sindicatos, fines para los cuales ha dictado un Reglamento de forzoso cumplimiento para dichas organizaciones. En la práctica, ello se ha traducido en una intervención del referido ente estatal en la vida interna de los sindicatos, en franca contradicción con uno de los contenidos fundamentales de la libertad sindical, cual es el derecho de los trabajadores de elegir a sus representantes con absoluta libertad. De igual modo y por efecto inmediato y directo de la referida injerencia la renovación de las directivas sindicales se ha convertido en un engorroso proceso sometido a reglas del derecho administrativo en sustitución de las normas autónomas de las organizaciones. La validación de los procesos electorales, que con arreglo a los estatutos sindicales son una potestad de las comisiones electorales de cada organización, se atribuyó a la competencia del CNE con los consiguientes e impertinentes retardos en los cambios de mando. De ese modo, lo que atendiendo a las normas sindicales, se hacía tan pronto finalizara el escrutinio se convirtió en un calvario que puede demorar meses. Los órganos de control de la OIT (Comité de Libertad Sindical, Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, Comisión de Normas de las Conferencias anuales) han coincidido en declarar la incompatibilidad de tal intervención (y de la norma que la autoriza) con el Convenio núm. 87. En fecha 09 de noviembre de 2004 todas las centrales sindicales que hacen vida en el país (CTV, CUTV, CGT, CODESA y UNT) suscribieron un documento mediante el cual acordaron:
En otras palabras existe una gran incertidumbre sobre la recta interpretación de las comentadas normas con consecuencias desastrosas para las relaciones de trabajo y en especial para los trabajadores y sus organizaciones con ocasión del ejercicio de actividades que le son propias, esto es: la negociación y los conflictos colectivos de trabajo. Algunos empleadores (y en fecha reciente el propio Ministerio del Trabajo) han sostenido que la falta de renovación de las directivas sindicales inhabilita a los miembros de estas últimas para intervenir en los referidos procesos, con lo cual se abre la puerta a una especie de orfandad de los trabajadores miembros de dichas organizaciones puesto que, colocados ante tal situación fáctica, el empleador quedaría sin contraparte sindical que vele por sus derechos hasta tanto se realicen las elecciones. Con el agravante que, estando controvertidas las normas que rigen esos procesos los propios sindicatos no tienen claridad alguna sobre el modo de proceder. Para el CNE la organización de esos procesos eleccionarios son parte de su competencia y el Ministerio del Trabajo declara que las elecciones sindicales son válidas aún cuando no se hayan sometido al CNE y sus reglamentos. Es ilustrativo al respecto, el Dictamen Nº 13, de la Consultoría Jurídica de ese despacho, emitido el 30 de abril del 2003, cuyo texto se transcribe: “CONSULTA:
El Director General del Trabajo, se ha dirigido a esta Consultoría
Jurídica en la oportunidad de solicitar opinión
sobre el régimen de elecciones de las organizaciones
sindicales del país, toda vez que la multiplicidad de
disposiciones y normas de diverso tenor y jerarquía jurídica
puede generar inseguridad sobre los afiliados a las organizaciones
de trabajadores de primero, segundo y tercer grado. En síntesis: el Poder Electoral (CNE) y el Poder Ejecutivo (Ministerio del Trabajo) tienen posiciones divergentes sobre el alcance de la normativa constitucional que nos ocupa. Los órganos de Control de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en sucesivos pronunciamientos han declarado que el artículo 293, núm. 6, de la Constitución es incompatible con el Convenio núm. 87 sobre Libertad Sindical; las diversas centrales sindicales que hacen vida en el país (CTV, UNT, CODESA, CGT y CUTV) defienden el mismo criterio. En consecuencia, se cumplen a cabalidad los requisitos que hacen imperioso un pronunciamiento de esta Sala Constitucional que resuelva la mencionada antinomia, en aras de la seguridad jurídica, de la convivencia y del libre ejercicio de la libertad sindical como derecho humano fundamental. II En el Titulo I de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) relativo a los “Principios Fundamentales” se recepta lo siguiente:
Seguidamente, en las disposiciones generales del Titulo III, “De los Deberes, Derechos y Garantías”, en el artículo 23, se indica:
De las citadas
normas se deduce que su interpretación y aplicación,
para resolver cualquier inconsistencia u antinomia, debe guiarse
por el carácter preeminente de los valores y principios
que regulan los Derechos Humanos Fundamentales, una de cuyas
características es su carácter progresivo. Esas
premisas son indispensables tanto para comprender el texto constitucional,
como para eventuales desarrollos legislativos del mismo. El
compromiso del Estado frente a los ciudadanos es no sólo
respetar los contenidos esenciales de esos derechos, sino protegerlos
y promocionarlos, en un marco de libertad, igualdad, justicia,
democracia y pluralismo. a) En caso
de inconsistencias entre normas de la Constitución y
otras de origen internacional (ratificadas) debe adoptarse aquella
que resulte más favorable al ejercicio del derecho. Los Convenios Internacionales del Trabajo relativos a los derechos humanos, ratificados por Venezuela, se ubican en esa categoría de normas. La Libertad Sindical ha sido reconocida universalmente como uno de los derechos humanos fundamentales. Su mención aparece, por primera vez, en el preámbulo de la Constitución de la Organización del Trabajo en 1919 (Venezuela fue miembro fundador de la OIT), se reitera en la Declaración de Filadelfia de 1944, se desarrolla, entre otros, en los Convenios núm. 87 y 98 de la mencionada organización, amén de tener expresa recepción en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (ambos de 1948), El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Naciones Unidas, 1966), la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Costa Rica, 1979) y, mas recientemente, La Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en Ginebra en 1998, adoptó la Declaración Relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, conforme a la cual, todos los miembros de dicha organización, aún cuando no hubiesen ratificado los Convenios que se ocupan de la materia, tiene la obligación de “respetar, promover y hacer realidad” su contenido. III
De los preceptos transcritos nos interesa destacar lo siguiente: a) Su
carácter de normas mínimas, consagratorias
de garantías que no admiten regulaciones estatales que
les restrinjan. A propósito, los órganos de control de la OIT, en particular, el Comité de Libertad Sindical, con sede en Ginebra, tiene establecida una amplia doctrina, nacida de las controversias que han tenido lugar en los distintos países miembros de la organización, de la cual hemos tomado algunas de las vinculadas directamente con el tema que nos ocupa. Veamos:
IV El artículo 95 de la Constitución dice:
Las proximidades entre esta norma y las del Convenio 87 son evidentes: la novedad consiste en haber incorporado la democracia sindical como elemento básico de la vida de las organizaciones. Sobre el
particular, el Comité de Libertad Sindical ha admitido
que la consagración, “por vía
legislativa del voto directo, secreto y universal (...) o de
los principios democráticos en el seno de las organizaciones
sindicales” no es contrario a las normas
sobre Libertad Sindical. (Ob.cit. pg. 84-85) V Ahora bien, en abierta colisión con las precitadas normas, el artículo 293, numeral 6 de la Constitución faculta al Poder Electoral Nacional para “Organizar las elecciones de sindicatos, gremios profesionales y organizaciones con fines políticos en los términos que señale la ley. (Cursivas y negritas nuestras) La regla parece tener como causa las frecuentes denuncias que se hicieron sobre la escasa renovación del liderazgo y la falta de transparencia en los comicios sindicales. Su finalidad intrínseca sería: garantizar a los trabajadores miembros de los sindicatos el derecho a elegir y ser electos. A nuestro juicio la solución acogida no es coherente con el derecho subjetivo de libertad que le es consustancial a la actividad sindical. Los trabajadores son libres para constituir las organizaciones que estimen conveniente y tienen el derecho a elegir y ser electos en la dirección de las mismas; pero en el supuesto de lesión lo que corresponde al Estado es garantizar la tutela judicial efectiva para su correspondiente reestablecimiento. Esto es, la intervención estatal (y sólo por vía judicial) procede a solicitud de los afiliados a la organización y en ningún caso puede anteponerse a la misma sin violentar el derecho de las organizaciones de “elegir libremente a sus representantes”. Desde esta perspectiva, la transcrita regla (artículo 293, núm.6) crea la antinomia o inconsistencia que origina el presente recurso y que pedimos a esta Sala resuelva. La interpretación literal de ese precepto conduce a soluciones que colisionancon el artículo 95 (CRBV) y el Convenio 87 de la OIT, cuyas normas, como antes se dijo, por mandato del artículo 23 (CRBV) tienen la misma jerarquía. Como vimos, la doctrina del Comité de Libertad Sindical de la OIT ha reiterado que “Son incompatibles con el derecho de los trabajadores de organizar elecciones libres aquellas disposiciones que implican una intervención de las autoridades públicas en las diversas etapas del proceso electoral”. En el caso específico de nuestro país, en el seguimiento de las Quejas que se han interpuesto contra la intervención del CNE en las elecciones sindicales, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, en sus conclusiones del año 2004 señaló:
En fin, estiman los órganos de Control de la OIT que el
artículo 293, numeral 6 del texto constitucional es incompatible
con los mandatos del Convenio núm. 87 y que nuestro país
debe adecuar su normativa interna al Pacto internacional.
En nuestro criterio, sin necesidad de una reforma constitucional, la evidente colisión de dos preceptos del mismo rango debe resolverse acudiendo al propio artículo 23 de la Constitución que, como vimos, ordena aplicar con preferencia (prevalecen en el orden interno) los Convenios sobre Derechos Humanos cuando estos contengan normas más favorables a su ejercicio. En otras palabras, lo correcto es desaplicar las normas que contravienen la Libertad Sindical y garantizar a las organizaciones sindicales la elección de sus autoridades con arreglo a lo dispuesto en sus propios estatutos y sin intervención de ningún ente público. La otra opción es asumir una interpretación restrictiva del mandato. En esa perspectiva, la atribución conferida al CNE por el artículo 293, en el caso de las organizaciones sindicales, quedaría circunscrita a los casos en los cuales las organizaciones sindicales soliciten la participación del poder electoral en sus elecciones, tal como lo dispone la misma norma respecto de las organizaciones de la sociedad civil o cuando lo ordene una sentencia emanada de los tribunales competentes. En conclusión: 1.- Las normas del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación, por mandato expreso del artículo 23 de la Constitución, tienen jerarquía constitucional y por tanto prevalecen, en la materia de su especialidad sobre cualquier norma, aun de la misma Constitución, que restrinja su ejercicio. 2.- Hay armonía entre el citado Convenio y el artículo 95 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela sobre el tema objeto de recurso, en tanto que dicha norma señala de modo indubitable que son las propias organizaciones sindicales, en sus “estatutos y reglamentos” las competentes para dictar las normas electorales que regulen la elección de sus dirigentes. (Autarquía sindical) 3.- El artículo 293, numeral 6 de la Constitución contradice los postulados esenciales de la Libertad Sindical y por tanto debe interpretarse restrictivamente. En consecuencia, la participación del CNE en los procesos electorales sindicales debe circunscribirse a los casos en que las organizaciones sindicales lo soliciten. El norte de tal actuación debe ser ayudar a resolver los problemas técnicos y logísticos indispensables para lograr que la democracia, la transparencia, la pulcritud y el pluralismo sea una constante en la vida de tales organizaciones. 4.- Las normas que rigen tales elecciones son las previstas en los estatutos y reglamentos de las organizaciones. Pedimos
que el presente recurso sea admitido, sustanciado conforme a
derecho y declarado con lugar en la definitiva. En Caracas,
a la fecha de su presentación
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