Keyla Rodríguez, de 27 años de edad, y su madre Ana Bucobo, de 55 años, vinieron hace unos meses junto con una cooperativa de discapacitados de su estado para solicitar una vivienda y una pensión para la señora Bucobo, que es inválida. Luego de un mes de espera, fueron atendidas por las autoridades de la oficina de Atención Social, quienes les solicitaron ciertos requisitos que tenían que buscar en Zulia. Keyla denuncia que recibieron un pase con el que los funcionarios les habían garantizado que podría volver a entrar, pero ayer cuando volvieron les fue negado el acceso al Palacio Blanco, “a pesar de la palabra del coronel Noriega”.

Labor Interrumpida

Las implicaciones de esta historia hubiesen podido conocerse con más detalles si ayer yo no hubiera sido blanco de un intento de censura por parte de supuestos funcionarios de seguridad del Palacio Blanco y Casa Militar.

Mientras recogía el testimonio de las señoras Rodríguez y Bucobo, dos personas, que se identificaron como encargados de seguridad, me preguntaron acerca de mi presencia en las adyacencias del Palacio Blanco y de lo que conversaba y archivaba en mi grabadora, instrumento de trabajo por excelencia del periodista, pero que, según ellos, no puedo utilizar en una zona de seguridad como las áreas circundantes del Palacio de Miraflores.

Después de explicarles mi quehacer semanal en el Palacio Blanco, donde recojo los testimonios de todos aquellos que tienen algo que solicitar en Atención Social, e incluso la versión de los propios miembros de dicha oficina, los presuntos funcionarios me exigieron de forma altisonante que los acompañara al interior del palacio y les entregara la grabación, a lo que me negué amparado en el derecho al secreto de la fuente, establecido en el código de Ética del periodista Venezolano.

Cuando finalmente accedí en un intento de solucionar el problema de manera expedita fui introducido en el cubículo de seguridad de la oficina de Atención Social, en el que me sometieron a un interrogatorio exhaustivo con respecto a mi permanencia en los alrededores de Miraflores, que nuevamente aclaré. Posteriormente uno de los funcionarios, al parecer un suboficial de la Fuerza Armada y tercer encargado de seguridad en la oficina, se dedicó a escuchar el cassettte por ambas caras, en el que sólo había grabado los 10 minutos de conversación con las personas antes mencionadas. Humillado e invadido de indignación, argumenté que no comprendía por qué una grabación podía atentar contra la seguridad de la nación, a lo que recibí como respuesta una sarta de improperios, entre ellos el calificativo de “escuálido”.

Luego, fui trasladado a la oficina de Seguridad del Palacio de Miraflores, donde nuevamente me interrogaron, esta vez de manera más civilizada y me dijeron que no podía grabar allí, pues se trata de una zona de seguridad. Nuevamente le repliqué al funcionario encargado que no comprendía por qué la grabadora podía ser un instrumento peligroso, alo que me dio una confusa explicación respecto a la posibilidad de colocar dispositivos detonantes que pueden ser activados a distancia. También me explicaron que para poder realizar mis labores periodísticas –grabador a mano- en la zona de seguridad de Miraflores, debía solicitar un permiso de la oficina de Prensa Presidencial que me acreditara para tal fin. ¿No era suficiente permiso el hecho de que el propio coronel Ybraim Noriega conozca esta columna, e incluso la emplee como medio de responder a las acusaciones que se le hacen?

Finalmente, me pidieron firmar una constancia de no haber sido víctima de ningún tipo de agresión “ni física ni verbal” durante mi permanencia en Miraflores, lo que hice con reservas, al dejar aclarado que uno de los primeros funcionarios en interrogante, el aparente oficial, me amenazó en una ocasión con “sentarme a la fuerza” si yo me negaba a tomar asiento. Inmediatamente, abandoné las instalaciones del Palacio de Miraflores, sin haber podido realizar mi trabajo periodístico recoger los testimonios de los Venezolanos que allí van por las presiones oficiales.

06-11-05