La presunta difamación de la juez María del Pilar Baraza fue el el motivo del allanamiento realizado por una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Panales y Criminalísticas (Cicpc) y la Policía Metropolitana al semanario La Razón, el pasado martes 4 de octubre.

La coordinadora de La Razón, Alejandra Hurtado, declaró ese día que el allanamiento que se realizó “es un atropello más de los que hemos venido soportando durante más de cinco años, este es una forma de amedrentar. El gobierno se irrita cuando se informa”. Según Hurtado la orden del allanamiento no señalaba por qué era ejecutada la acción.

La representante del semanario supone que el allanamiento se debió a una denuncia hecha en la columna Carrusel publicada el 10 de octubre de 2004, en la cual su firmante, Luis Felipe Colina, señaló que La Juez María del Pilar Baraza contaba con la protección del Vicepresidente José Vicente Rangel y de un magistrado. Pero agregó que en enero pasado, la referida juez envío una comunicación en ejercicio de su derecho a réplica, la cual fue publicada en el mismo mes.

“Si alguien no está de acuerdo con los señalamientos hechos a través de un medio de comunicación, puede ejercer su derecho a réplica. Lo que no podemos aceptar es que se utilicen los órganos tribunalicios para perseguir. No hace falta un allanamiento como este. Si requieren la identidad de una persona deberían acudir a la DIEX. Nosotros les hemos explicado a los policías que sólo tenemos un correo electrónico de Luis Felipe Colina, el cual por lo demás aparece en el periódico”, declaró la directora de La Razón para un diario local.

Sin embargo, Hurtado, agregó que ya estaban preparados, debido a que muchos años atrás habían pasado por un proceso de allanamiento similar. “Así pasó cuando denunciamos varios casos y fue información realmente veraz que involucraba personajes como: Luis Miquilena y Tobías Carrero”.

El abogado Omar Estacio, representante legal de La Razón, dijo a la televisora Globovisión que no hubo violencia física pero sí jurídica, ya que la orden era solicitar los datos del columnista, específicamente la dirección y el teléfono, y “los funcionarios han procedido a revisar los archivos y computadoras del periódico”, violentando el derecho constitucional de la privacidad de la fuente y de normativas internacionales en el sistema Interamericano de los Derechos Humanos.

Para el gobierno la situación ocurrida con el Semanario La razón no fue un atropello, sino “una actuación estrictamente judicial. El acto se realizó con presencia de fiscales del Ministerio Público. Fue un acto legal”, según declaró el vicepresidente, José Vicente Rangel.

También el ministro de Interior y Justicia, Jesse Chacón, aseguró que la medida de allanamiento ejecutada no se trato de un allanamiento sino de una visita domiciliaria, la cual estuvo ajustada a derecho. Argumentando que “algunos sectores pretenden nuevamente generar opiniones sobre una supuesta violación a la propiedad privada e insisten en que se trata de un atentando contra los medios”.

Con “razón”

Según un comunicado del Bloque de Prensa Venezolano, La Razón es un medio, que desde su fundación viene denunciando la corrupción administrativa y que se caracteriza por tener una línea editorial dura y combativa frente a los actos de corrupción en perjuicio del patrimonio público.

El semanario publicó una serie de reportajes en los que informó el otorgamiento de ventajas comerciales a Tobías Carrero, viejo amigo y financista del presidente Chávez. Dio a conocer que la Empresa Multinacional de Seguros, C. A., propiedad de Carrero, obtuvo contratos con entes oficiales, pese a que en algunos casos no ofreció las condiciones más ventajosas y pese a que se niega a pagar una cuantiosa deuda que mantiene pendiente con un organismo del Estado.

Por otra parte, a mediados del año pasado, el gobierno de Chávez subastó un lote de empresas de radio. Los favorecidos en la subasta fueron los señores Pérez Quero y González Contreras, quienes pagaron 18 millones de dólares para convertirse en los nuevos propietarios de las radioemisoras. Después de una laboriosa investigación del semanario, se comprobó que Pérez Quero y González Contreras eran empleados de Tobías Carrero y que el dinero que utilizaron dichos empleados para inscribirse en la subasta procedía de las empresas de Carrero.

La Razón documentó su denuncia según la cual antes de la apertura de la recepción de ofertas, el organismo encargado de efectuar la venta había excluido en forma ilegal a un importante número de potenciales compradores con el propósito de procesar solamente las ofertas de Pérez Quero y González Contreras, quienes al verse descubiertos por el periódico, terminaron por hacer pública una “sociedad” con Carrero.

La tercera denuncia del periódico se refiere a un viaje realizado por el presidente de la Asamblea Nacional y el ministro de Relaciones Interiores, al Mass. General Hospital de Boston, en un avión privado, acompañados por Carrero. Gasta ahora los mencionados altos funcionarios se han negado a aclarar quién pagó el alquiler de la aeronave, estimado en 100.000 dólares.

A comienzos de este año, el semanario denunció que Impresores Micabu, una empresa en la que figuraban como socios el mismo Carrero, el presidente de la Asamblea Constituyente, el presidente de la Comisión de Justicia y un integrante del Tribunal Supremo, había sido favorecida por el Consejo Electoral con un contrato para imprimir 8 millones de ejemplares de la recién sancionada Constitución de Venezuela. De acuerdo con esa misma Constitución, a los funcionarios públicos se les prohíbe contratar con entidades del Estado.

Como mediada represiva contra el Semanario La Razón, el presidente Hugo Chávez ordenó la supresión de toda publicidad oficial en ese periódico. Asimismo, a las pocas semanas los anunciantes no gubernamentales también se retiraron del periódico. Se ha logrado recopilar información de las advertencias de funcionarios del gobierno a las agencias de publicidad, sobre lo “inconveniente”de pautar sus avisos en un periódico hostil a la administración de Chávez.

Curiosamente Lina Ron, líder afecta al gobierno, defendió la labor del semanario, donde fue columnista, y dijo estar segura de que su directiva Alejandra Hurtado, es una mujer “buena y honorable”. También resaltó que aunque haya columnistas de La Razón que dicen “cosas feísimas” de su persona, considera que este es un medio respetable.

06-11-05