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Ante el cierre de 24 horas ordenado por el Seniat contra el Diario El Impulso, el más antiguo del país y uno de los más importantes de la provincia venezolana, el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa (SNTP), bajo cuyo contrato colectivo laboran más de cien trabajadores de esa empresa, considera necesario hacer la siguiente declaración publica. 1. Es indiscutible que el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) cuenta con un mandato legal expreso para hacer valer los derechos del Estado venezolano y resarcirlo de los daños que en materia impositiva cualquier empresa, pública o privada, pueda ocasionarle. 2. En cumplimiento de ese mandato el organismo tributario impuso al diario barquisimetano una multa de veintiocho millones de bolívares (Bs. 28.000.000), sanción pecuniaria que sus propietarios consideran totalmente desproporcionada ante la infracción señalada, pero que más allá de esos alegatos fue lo considerado económicamente justo y pertinente por el SENIAT. 3. Lo que tiene que resultar alarmante, incomprensible y repudiable a los ojos de la opinión pública, nacional e internacional, es que este organismo del Estado venezolano haya decidido sacar de circulación al diario por espacio de 24 horas, vulnerando un derecho humano universal y constitucional, como lo es la libertad de expresión y, como contraparte, el derecho a la información de la comunidad larense y otras áreas de influencia del diario. 4. Una medida como esta, semejante a las que en tiempos recientes y de manera sistemática se han dirigido contra otros medios de comunicación, tiene que resultar altamente preocupante para la democracia venezolana, como para la comunidad internacional, pues refleja una muy pobre valoración del rol que desempeñan periodistas, trabajadores de la prensa y medios de comunicación, en el mantenimiento de una sociedad donde la pluralidad informativa, la información oportuna y apegada a la verdad, preserve los derechos humanos y ofrezca todos los insumos para que la sociedad oriente su rumbo y los gobernantes sus decisiones. 5. Una idea de como se ha resquebrajado el marco de garantías para la libertad de expresión en Venezuela lo da el hecho de que ya resultan rutinarias las acciones de funcionarios del Estado en el interior de medios de comunicación en distintas partes del territorio nacional, y cómo con justificaciones de índole militar, judicial, tecnológica o económica se afecta su funcionamiento, se viola el secreto de las fuentes, se decomisan equipos técnicos, se censura o incauta material periodístico o, como en el caso extremo de El Impulso, se le impide su circulación. 6. Por encima de las faltas, errores o abusos, que en el espectro comunicacional del país pueden apreciarse tanto en el sector publico como en el privado, creemos que estas medidas en nada ayudan a superar, si es que fuera el caso, la situación planteada, por el contrario, la empeoran y lesionan gravemente la imagen del gobierno y del país en general, al tiempo que preludian mas y peores atropellos. El SNTP llama a la reflexión sobre estos hechos a toda la ciudadanía y, en especial, a quienes rigen los destinos del Estado venezolano.
LA
JUNTA DIRECTIVA
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