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Buenas noches. Aún no salgo de mi sorpresa. Mis amigos más cercanos me lo recomendaban muchas veces: “postúlate a ese premio” y a otros, pero siempre he sido terca con la convicción de que los periodistas no trabajamos para ganar premios, porque el mejor de los reconocimientos los otorga el lector con su credibilidad, la fuente con su respeto o la justicia, cuando llega. Sin embargo, les confieso que aún me siento felizmente perturbada por este estímulo inesperado y por ese veredicto que le colocó espléndidos adjetivos a mi desempeño en un oficio que me apasiona y que este año me ha regalado sinsabores, pero también muchas satisfacciones. Quisiera agradecer por este gesto al jurado del premio Monseñor Pellín, especialmente a quien fuera mi profesor en la escuela de Comunicación Social de la UCV: Marcelino Bisbal. Agradezco a quienes están aquí acompañándome, a mi hija, a mi familia -esa red noble que no me deja caer y me inyecta ganas-, a mis amigos y a mis compañeros de equipo en Últimas Noticias, porque sin temor a equivocarse cada uno sabe que forma parte de mis logros. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para plantear una inquietud que sé que es compartida por varios colegas. Se trata del que se ha convertido en uno de los más grandes obstáculos para el periodismo de nuestros tiempos en Venezuela: el acceso a la información de carácter oficial. Me refiero a la información que está en poder del Estado y por ende le pertenece a los venezolanos; a esa información que reposa en los órganos públicos y que permanece en ocasiones secuestrada por funcionarios en tránsito, quienes se consideran dueños de ella y que deciden, como dádiva o castigo, entregarla o no al periodista con discrecionalidad libertina. Sin detenernos a comentar la práctica de algunos colegas que una vez dentro de esas instituciones se convierten en tránsfugas del periodismo y especie de cancerberos de la información. En la Convención Interamericana de Derechos Humanos y en nuestra propia Constitución Nacional, está plasmado el derecho al libre acceso a la información oficial, por considerarla garante de transparencia, como método anticorrupción y vía idónea para que el ciudadano pueda tomar decisiones responsables dentro del juego democrático. Contamos en Venezuela con una Carta Magna que es amplia en esa materia y que establece la obligatoriedad de suministrar datos, estadísticas, informes, cuentas y demás informaciones de interés colectivo, y que además prohíbe la censura a funcionarios para dar cuenta de asuntos bajo su cargo. Contamos también con una ley Anticorrupción que es letra muerta, en cuanto al derecho de todo ciudadano de exigir rendición de cuentas a los funcionarios, y contamos con otros reglamentos que así lo dictan. Pero la violación sistemática de estas normativas nos llevan a creer que no es casual la tendencia que hoy marca América latina en materia de aprobación de leyes y proyectos sobre libre acceso a la información pública, que son equivalentes a la FOIA estadounidense, por medio de la cual se han nutrido investigaciones profundas que comprometen a los gobiernos y que hoy no son posibles de adelantar en nuestro país, porque seguimos bajo el manto del secretismo, esa especie de patología endémica que nos cierra puertas a los periodistas con las máximas de: “eso no se lo puedo dar”, “eso es directo con el ministro” o “no estoy autorizado para hablar de eso”. Se vuelve cada vez más pertinente la aprobación de una ley que contemple sanciones bien específicas para el funcionario que niegue una información pública; un reglamento que establezca plazos razonables de espera por esa información, que agilice los trámites para acceder a ella y sobre todo que deje muy claro que cualquier ciudadano, periodista o no, está en el derecho de solicitar información sin que deba explicar para qué la necesita ni mayores requisitos para esa petición que su identidad. Pareciera perogrullada, pero ocurren situaciones más que incómodas inverosímiles. Días atrás una colega me comentaba que en un ministerio clave para la apertura con los medios le impusieron como condición para acceder a una entrevista, que enviara su currículo y preguntas por escrito antes de la tramitación. Sé que a muchos en esta sala ya ni asombra, pero tiene que dejar de ocurrir. Al menos no sin consecuencia. Si tuviéramos una ley de acceso, esa persona pudiera ser sancionada y el director ministerial de turno presionado para informar sin cortapisas. Por eso considero que los gremios periodísticos, libres asociaciones, profesores, estudiantes, colegas y ciudadanos en general tenemos un compromiso en esta discusión para garantizar que realmente se logre el objetivo de la ley y no otro. Como periodistas tenemos una labor que cumplir, pero los legisladores también tienen la suya, porque al final, serán el ciudadano común y la salud de nuestra democracia, los más beneficiados. No quería dejar pasar esta oportunidad, esta trinchera circunstancial, para aportar mi granito de arena y llamar la atención sobre la importancia de una ley que nos devuelva la información a los ciudadanos, que luche contra la impunidad y la corrupción y que nos permita ejercer un periodismo de mayor calidad, profundo, veraz. Sin embargo, no pienso que las adversidades y obstáculos que históricamente se le imponen al periodismo sean excusa para no desarrollarlo, para no fortalecerlo cada vez desde sus herramientas naturales, géneros, características y si no que lo cuenten nuestros colegas colombianos quienes no sucumben ante las serias amenazas y violencia o los peruanos que se robustecieron justo en la época oscurantista de la dupla Fujimori - Montesinos, para inscribir los mejores reportajes investigativos en su historia, al punto de hacerlos parte de los procesos judiciales por actos ilícitos que se les siguen a algunos personajes. Con las distancias que correspondan, ese es nuestro reto... Por último quisiera dedicar este distinguido premio Monseñor Pellín a todas aquellas personas que no puedo nombrar. Ni nombraré nunca porque así lo pidieron, a esos que se convirtieron en fuentes indispensables para mis trabajos y que por razones de seguridad o estabilidad laboral y emocional pidieron el anonimato, pero aportaron cifras, datos certeros, documentos, orientaciones y revelaciones de suprema importancia. Por eso dedico este premio a cada uno de los reclusos que han hecho posible descubrir historias de una realidad carcelaria y judicial que muchos no quieren ver, aun con el temor de ser descubiertos y perseguidos; a las madres de los ajusticiados en los barrios de Caracas que me contaron de su dolor, pero con miedo; a quienes suministraron las pruebas de presuntas irregularidades en la gestión del alcalde de Caracas, Freddy Bernal; a los que guiaron la senda del vertiginoso crecimiento económico del ex viceministro de Finanzas, Jesús Bermúdez. Dedico este premio a la memoria de un datero colombiano que perdió la vida al caer de un cuarto piso en la ciudad de Bogotá, cuatro días después de suministrarme copias de grabaciones telefónicas de paramilitares, que se comunicaban desde sus fincas en Venezuela. Y, por supuesto, a quienes decidieron filtrar los reveladores documentos del caso del asesinato del fiscal Danilo Anderson. A todos ellos y tantos otros, porque creyeron que el periodismo era una vía para solucionar sus problemas y se arriesgaron y confiaron en un periodista. A esos aliados sin protagonismo, les dedico este reconocimiento, aunque no los nombre jamás. Muchas
gracias |
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